Burgos es, desde los remotos tiempos del Homo Antecessor, un gigantesco escenario de caza. Su enorme riqueza y diversidad natural han permitido que, en pleno siglo XXI, el 87% de su territorio, 4 de cada 5 de las 1,5 millones de hectáreas (ha.) que ocupa la provincia, tenga un aprovechamiento cinegético razonablemente sostenible y, además, con una diversidad de especies de caza mayor (corzo, jabalí, ciervo...) y menor (codorniz, perdiz...) que son la envidia de los aficionados, no solo del resto de Castilla y León y de España, sino también del extranjero. La caza es, junto con la agricultura y el aprovechamiento forestal, el último gran recurso económico exclusivo del mundo rural, el principal sustento que separa a más del 90% de los 1.200 pueblos de la despoblación y la desaparición. Todo esto es, en esencia, lo que también pone en cuestión la ofensiva emprendida por los animalistas y los dos autos judiciales que han paralizado sine die la regulación de un sector estratégico para Castilla y León.
Poner números a una actividad  tan arraigada en un territorio tan vulnerable no es fácil, máxime cuando estamos ante un gran dinamizador multisectorial (cotos, hostelería, restauración, armerías, gestorías, guarderías, etc.) y con un valor añadido muy potente. Partiendo de esta dificultad, hemos intentado poner cifras aproximadas para visualizar lo que está en juego en la batalla judicial abierta.
Los terrenos cinegéticos en la provincia ocupan más de 1,3 millones de has., repartidas entre la Reserva Regional de La Demanda (75.372 ha.), 824 cotos privados (1,2 millones de ha.) y una zona de caza controlada (509 ha.). De toda esta extensión, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León gestiona 300.000 ha. de montes de utilidad pública, cuyos alquileres para la práctica de la caza reportan unos ingresos de 2 millones de euros cada año. En el conjunto de la provincia, la disposición de los 1,3 millones de ha. de cotos, supone unos ingresos de 10 millones. 
El arrendatario de estos terrenos, el gestor de los cotos, es un intermediario que vende las piezas de caza a aficionados de toda España y extranjeros que, como decíamos al principio, pasan buena parte de los fines de semana en Burgos. En la región hay 89.000 licencias activas, pero es mucho mayor el potencial de ‘clientes’. «Burgos destaca por el corzo que habita en superficie forestal, de mucha mayor calidad y un referente, esto atrae a muchísimos aficionados del sur y del extranjeros atraídos por la reserva de La Demanda», explica el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Javier María García.
Sumando el valor de la piezas, el precio de alquiler del coto se multiplica por 2 (en el caso de la caza menor) o por 3 (en el de la mayor). Tomando un rango intermedio de esos valores (2,5) nos eleva los ingresos estimados de los cotos a los 25 millones de euros anuales.
García valora especialmente los gastos y las inversiones que realiza el cazador para poder practicar su afición favorita, un ámbito más subjetivo desde el punto de vista numérico pero no menos importante. Se estima que solo el gasto medio en equipación del cazador (ropa y complementos) ronda los 200 euros al año, a los que habría que sumar otros desembolsos más elevados como los de la hostelería, restaurantes, bares y tabernas. Los todoterrenos también piden lo suyo: mantenimiento mecánico, carburantes en estaciones rurales, accesorios (remolques, portaequipajes...). Sumamos  armamento y munición, los taxidermistas (especialmente en el corzo) y las gestorías especializadas, las que elaboran los planes cinegéticos de los cotos y tramitan todos los papeles (impuestos, tasas, licencias...) de los cazadores. 
En un análisis conservador, toda esta actividad paralela multiplicaría por 3 el valor inicial de los alquileres de suelo y las piezas. Hablamos así de más de 75 millones de euros cada año, ingresos que, como decíamos, riegan todo el mundo rural burgalés, incluso los más pequeños enclaves. (Más información en edición impresa)