La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó hoy la Orden que regula por primera vez y determina el contenido de la teleasistencia que, además de los servicios que ya ofrece la prestación tradicional básica del dispositivo domiciliario, incorporará nuevas tecnologías para predecir riesgos y adaptarse a las necesidades del usuario. En este sentido señaló que, una vez superados los trámites precisos, empezará a funcionar en 2020.

“Estamos dando los primeros pasos con la publicación en el Gobierno Abierto para que cualquiera pueda realizar las aportaciones o sugerencias que considere oportunas”, dijo García, para añadir que la Orden se aprobaría después en un plazo de un mes, a lo que habría que añadir seis meses más para incorporar contenidos. “Los técnicos de Servicios Sociales serán los que finalmente determinen los servicios de teleasistencia avanzada de formas personalizada e individualizada en función de los apoyos necesarios para cada usuario”, explicó.

La teleasistencia avanzada dará apoyo inmediato a las personas beneficiarias ante una situación de emergencia mediante una tecnología que permitirá telemonitorizar a la persona y a su entorno. “No se trata de un servicio único si no que se podrá complementar con otros que ya reciban los usuarios como los prestados en centros de día o de ayuda a la autonomía personal”, indicó. A su vez señaló que esta prestación es un derecho ya para todas las personas mayores de 80 años, actualmente en torno a unas 30.000 y 13.000 de ellas dependientes, pero pueden acceder a ella todas aquellas personas que la necesiten ya que se está atendiendo toda la demanda y no hay lista de espera.

Tal y como señaló García, la teleasistencia avanzada permitirá analizar tanto los riesgos de los usuarios en el hogar como fuera del domicilio permitiendo así un servicio “mucho más personalizado, en mayores ámbitos y sobre todo proactivo, no respondiendo ya únicamente a situaciones de emergencia sino prediciendo también posibles riesgos que permitan una actuación anticipada”.

Además, recordó las corporaciones locales son las titulares de la prestación -que luego gestionan ONGs como Cruz Roja o entidades privadas- mientras la competencia de regulación es de la Junta, al igual que la mayor parte de la financiación de la misma, en concreto hasta un 65 por ciento. “Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones han colaborado en la confección de la regulación de este nuevo servicio, algo que deriva a su vez de los compromisos adquiridos por la Junta en los acuerdos del Diálogo Social del 15 de febrero de 2018”, indicó.

En cuanto a la financiación, la consejera señaló que en el acuerdo marco de los años 2017, 2018 y 2019 se concretó para la teleasistencia básica una inversión del Gobierno regional de cuatro millones de euros. “A partir de 2020, cuando se desarrollen del todo los contenidos de la teleasistencia avanzada y los protocolos de actuación lógicamente se producirá un incremento de financiación en función de las necesidades y el esfuerzo económicamente será mayor”, puntualizó.

De todos los usuarios actuales en la Comunidad de la teleasistencia básica que pasará a ser avanzada, el 65 por ciento son personas que viven solas -de las cuales más del 75 por ciento son mujeres- y del total un 80 por ciento tienen 80 años o más y el 43 por ciento vive en el medio rural. Los datos indican además que en Castilla y León el 24,8 por ciento de la población tiene más de 65 años y el 35,8 por ciento de los mayores de 80 años viven solas.

Riesgos domiciliarios

Entre los contenidos que recoge la Orden en la modalidad de teleasistencia avanzada se encuentran la detección a través de dispositivos tecnológicos de presencia de humo o fuego, fugas de gas o agua, o presencia de monóxido de carbono que pueda entrañar un riesgo o emergencia en el domicilio. Junto a esto estará la prevención de situaciones de riesgo detectadas mediante el seguimiento del patrón de actividad a través de dispositivos tecnológicos y aplicación de protocolos de atención preventiva o la detección y atención a situaciones de riesgo y emergencia fuera del domicilio a través de dispositivos móviles, como la geolocalización o presencia en entornos no seguros.

Además, se encargará de la petición y recordatorio de citas médicas, junto al seguimiento proactivo periódico del estado de salud y psicosocial de la persona que permita, mediante la aplicación de protocolos de coordinación sociosanitaria, la detección, valoración, intervención, y derivación de posibles situaciones de vulnerabilidad, tanto por enfermedad o dependencia como por situaciones de soledad y aislamiento.

Igualmente se realizará un seguimiento proactivo periódico y de prevención de situaciones de riesgo en procesos de convalecencia y rehabilitación mediante la aplicación de un protocolo de coordinación sociosanitaria para la detección y prevención de posibles situaciones de riesgo de abandono; motivación y seguimiento de los ejercicios de rehabilitación prescritos a los usuarios; y otros servicios de atención a distancia que permitan la detección y actuación inmediata en situaciones que supongan un riesgo para la persona y o para su hogar, según informa Ical.

Atención proactiva y predictiva

La teleasistencia avanzada, tal y como explicó hoy Alicia García, supondrá, por otro lado, un cambio sustancial en el servicio actual básico ya que pasará de ser reactivo a proactivo, dando respuesta no sólo a situaciones de emergencia sino prediciendo posibles riesgos que permitan una actuación anticipada. “En este ámbito es destacable que se elimina la diferencia entre titulares y usuarios de la prestación, pasando todos a ser titulares con lo que se extiende y personaliza la prestación a todos los miembros de la unidad familiar que, por su edad o grado de dependencia, se benefician de ella”, aseveró.