El último legado del Franquismo

Eduardo Sobreviela (EFE)
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Los pocos pueblos que todavía quedan en España con nombres dedicados al caudillo y a generales del régimen ofrecen un férreo rechazó a cambiarlos como dicta la nueva ley

El último legado del Franquismo

En toda España apenas quedan ya pueblos con nombres franquistas, unos dedicados al caudillo y otros a generales golpistas o, simplemente, rebautizados durante la dictadura. Sin embargo, su modificación en virtud de la nueva ley de memoria se enfrenta con la postura recalcitrante de alcaldes y vecinos.
Así, todavía hay dos «del Caudillo»: Alberche del Caudillo (una pedanía de la provincia de Toledo, de unos 1.700 habitantes) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real, 700); y dos «Villafranco»: Villafranco del Guadiana (Badajoz, 1.500) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga, 700).
Con apellidos de generales y líderes falangistas hay tres: Alcocero de Mola (Burgos, 33 habitantes), Quintanilla de Onésimo (Valladolid, 1.031) y San Leonardo de Yagüe (Soria, 2.042); y el resto son localidades renombradas por el régimen: Numancia de la Sagra (Toledo, 5.170 habitantes), Cabacés (Tarragona, 312), Rialp (Lérida, 658), Capmany (Gerona, 618) y Lladó (Gerona, 845).
Villafranco del Guadiana, la única población extremeña de esta lista, es un buen ejemplo de la dificultad a la que se enfrenta el cumplimiento en este aspecto de la Ley de Memoria Democrática. En esta pedanía del término municipal de Badajoz, su alcalde, Daniel Sánchez (PP), considera que el nombre debe mantenerse porque una mayoría de sus habitantes no quiere cambiarlo: 800 de 1.500 firmaron en 2016 para que así fuera. Los vecinos «no se levantan todos los días pensando si somos Villafranco o Villapedro», afirma.
Algo parecido ocurre en el otro Villafranco, el del Guadalhorce, una pedanía de Alhaurín el Grande (Málaga) fundada por el Instituto Nacional de Colonización en 1968, donde la regidora, Antonia Ledesma (PP), ya ha recibido la petición de cambio y explica que nunca se ha negado a cumplir la ley, pero que los foráneos solo intentan «defender su nombre», al que consideran parte de su identidad.


Yagüe, Mola...

La disputa nominal ha sido notable, desde que se aprobó la anterior Ley de la Memoria Histórica, en el municipio soriano de San Leonardo de Yagüe, apellido añadido en 1952 tras la muerte del general Juan Yagüe, nacido allí.
Mientras la actual alcaldesa, Belinda Peñalba (PSOE), señala que aún no hará declaraciones sobre los pasos para cumplir la Ley de la Memoria Democrática, la anterior corporación aprobó por unanimidad en 2016 mantener el apelativo en tanto no se pronunciara la Justicia y en aquel Pleno se puso el acento en la ayuda que el militar «prestó en su día a los vecinos y al municipio», por encima de su responsabilidad en hechos ocurridos durante la guerra.
En los otros dos pueblos de Castilla y León que incumplen la ley, la situación es distinta: en Alcocero de Mola (Burgos), su regidor (PP) ha venido insistiendo desde hace tiempo en que este no es un tema prioritario; mientras, en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), su primer edil (PSOE), manifiesta que los servicios jurídicos están estudiando de qué manera les afecta la Ley de Memoria Democrática, tras lo que darán a conocer su decisión.
Muchos habitantes de la toledana Alberche del Caudillo también se muestran contrarios al cambio de nombre, el único que han tenido desde que el municipio fue fundado en 1956, en plena dictadura; y en Llanos del Caudillo, Ciudad Real, su Ayuntamiento ya descartó en octubre de 2020 la modificación amparándose en una sentencia firme de un juzgado que desestimó una demanda para hacerlo.
El tercer municipio de Castilla-La Mancha en este listado, Numancia de la Sagra (Toledo), figura en él porque el régimen franquista lo rebautizó para enaltecer a una de las unidades rebeldes durante la Guerra Civil: el regimiento Numancia, que lo tomó en octubre de 1936.
Así mudó de nombre la población que durante siglos fue conocida como Azaña, no por el entonces presidente de la República Manuel Azaña, sino por una derivación fonética de la palabra árabe assánya o al-saniya, de la que procede también aceña, molino harinero de agua que figura en su escudo.
En cualquier caso, hoy son pocos los vecinos movilizados para renombrar el pueblo e incluso quienes en el pasado más han promovido el cambio, entre ellos el exalcalde Clemente Serrano (PP), ya han tirado la toalla.
Similar a este caso hay varios en Cataluña, donde la dictadura modificó la ortografía de distintas localidades, algunas de las cuales la mantienen. Es el caso de Cabacés (Tarragona), donde los vecinos están impulsando una campaña para volver a llamarse Cabassés y el actual alcalde ha abierto la puerta a una consulta municipal para iniciar la petición del cambio.
Otras localidades que conservan ortografía franquista son Rialp (Lérida), y las gerundenses de Capmany y Lladó, antes denominadas Rialb, Campmany y Lledó, cuyos regidores no tienen intención de iniciar un proceso de modificación.
Además de la mencionada Guadiana, antes del Caudillo, otros municipios españoles han venido desprendiéndose de su herencia franquista en los últimos años, como la propia localidad natal de Francisco Franco, Ferrol, que eliminó de su denominación el añadido «del Caudillo» en 1982, hace ya 40 años.
Entre los pueblos y ciudades que han removido esta parte de su pasado figuran asimismo Barbate (Cádiz), que hasta 1998 se llamó «de Franco»; Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), que recuperó en 2000 su antiguo nombre de Isla Mayor; Ribadelago de Franco (Zamora) que desde hace cuatro años es oficialmente Ribadelago Nuevo; y Poble Nou del Delta (Tarragona), que en 2003 dejó de llamarse Villafranco del Delta, como originariamente nació en 1957.

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