Cabe pensar que si las amenazas  desobediencia y enfrentamiento con el Gobierno central proferidas por los dos responsables políticos de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, hubieran sido realizadas por cualquier líder nacionalista o independentista se hablaría de un nuevo intento de acabar con la unidad de España por parte de quienes solo quieren que se le reconozcan privilegios para seguir su ruta sin importarles, o a costa, de otras comunidades autónomas.    

Cuando Isabel Díaz Ayuso afirma que: ”Voy a ser la peor pesadilla de quien se atreva a tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la corruptela del independentismo”, da muestras de una soberbia típica del nacionalismo, en este caso en su versión madrileña a la que nunca hasta ahora se había recurrido con tanto énfasis y de manera simplista -“Madrid es España y España es Madrid”, dijo-, con olvido de que todos los desafíos de una comunidad al Gobierno han acabado mal para quien reta al duelo, como bien saben los independentistas catalanes que se lamen las heridas de la derrota del procés’.  

Por supuesto el nivel del enfrentamiento no tiene parangón, pero para luchar contra esas bravatas el Gobierno tiene la mejor de las armas, el Boletín Oficial del Estado, en el que se publican las leyes aprobadas en las Cortes y las normas emanadas del Ejecutivo que, en su caso, podrán ser recurridas ante la justicia o el Tribunal Constitucional.  

Tanto Ayuso como Almeida, a la sazón portavoz nacional del PP y en ambos casos apuestas personales de Pablo Casado para visibilizar las políticas que llevaría a cabo en todo el país, con la bajada de impuestos como principal línea argumental, están convencidos de que el Gobierno castiga a Madrid porque lleva 25 años ganando las elecciones, lo que no es totalmente cierto. Desde 2015 las elecciones municipales las han ganado partidos de izquierdas, y las autonómicas las ganó el PSOE y solo el pacto de perdedores firmado entre PP y Ciudadanos con la ultraderecha sin ningún reparo, les llevó a mantener un poder regional que detentan desde el “Tamayazo”.  Se da la circunstancia de que Madrid tiene más expresidentes juzgados y condenados por corrupción que limpios de polvo y paja.  

Desde que la pandemia ha condicionado toda la vida política y económica, el gobierno de Madrid ha tenido una actitud de oposición a las medidas del Gobierno fuera cual fuera su tenor, en un primer momento porque con su rebeldía contribuían a armar la línea oficial de intentar hace caer al gobierno, y ahora con una forma de actuar que recuerda tics de cualquier nacionalismo, la exacerbación de la política de símbolos, la defensa de sus privilegios, de la libertad de elección limitada, la insolidaridad, más preocupación por la economía que de la salud…, aunque revestido de una defensa de la Constitución que consideran amenazada, pero de la que realizan una lectura a medida, y de una autonomía fiscal que consideran su principal seña de identidad.  

El mandato de ambos dirigentes coincidirá en el tiempo, si no hay adelantos electorales, con el de Pedro Sánchez. En este tiempo se podrá confirmar si sus posiciones de fuerza tienen éxito por méritos propios o por demérito del Gobierno como ha ocurrido en los últimos episodios que han dado alas al tándem nacionalista madrileño.