Sostiene el Gobierno de Polonia con las instituciones de la Unión Europea una disputa que, por más pintoresca que pueda parecer, no está exenta de interés jurídico y político, pues afecta a la misma esencia de la Unión, y lo hace de forma radical, poniendo en cuestión alguno de los pilares fundamentales de su estructura y de su funcionamiento.

A lo largo del complejo proceso de construcción de la Unión, incluso cuando todavía era Comunidad Económica Europea, se han ido asentando algunos principios que todos los Estados miembros han debido aceptar. Uno de ellos es el de la prioridad del Derecho comunitario sobre el Derecho de cada país, concretamente en aquellas materias cuya competencia ha sido cedida a los órganos de la Unión. Tal prioridad alcanza tanto a las "leyes europeas" (especialmente a los Reglamentos comunitarios de aplicación directa en todos los países), como a las sentencias que emanan del Tribunal de Justicia de la Unión. El debate tiene muchos más matices, pero, en síntesis, lo que discute Polonia es que su Constitución está por encima y, en consecuencia, las sentencias dictadas por su Tribunal Supremo son de aplicación prioritaria cuando entren en colisión con el Derecho de la Unión, lo que valdría también para las leyes de más alto rango emanadas de su Parlamento, todo ello invocando la soberanía nacional.

Si tal tesis prosperara, se abriría un boquete de tal envergadura en el entramado de la Unión, que ésta debería cambiar su sentido histórico y reconvertirse a algo distinto, quizá a un simple acuerdo de cooperación en algunas cuestiones de interés común, compatible con una plena autonomía de los participantes. Así que, afortunadamente, no ocurrirá. Si fallara la prioridad, dejarían de ser posibles las políticas comunes, que son la base de la Unión, conforme a los Tratados en vigor. Todo ello funciona en virtud de una cesión de soberanía en esas materias, que ha sido voluntariamente aceptada.

Polonia, si insiste en esa pretensión, habrá de tomar una decisión. En la Unión se entra y se permanece libremente, a solicitud del país y no por obligación; de manera que la aceptación de las reglas legítimamente aprobadas en común no es discrecional. La otra opción es la salida, que también es voluntaria, como ya ocurrió en el Reino Unido tras aquel desdichado referéndum. La experiencia va diciendo que no fue la mejor opción, pero así son las cosas y así se escribe la historia.