La campaña de la Declaración de la Renta es periodo recurrente para el eterno debate en torno a la recaudación de impuestos y su aplicación en gastos. Las sociedades con un cierto sentido de la justicia social tienden a primar lo público sobre lo privado, pero se topan con el inconveniente de que su eficacia es mucho menor cuando se esgrimen en paralelo criterios de rentabilidad.
En España hay 530 mil personas más que cobran del dinero público (pensiones, salarios y prestaciones sociales varias) que de la empresa privada. Naturalmente la partida mayor se destina al pago de las pensiones (más de nueve millones de personas), concepto que no debería considerarse gasto del presupuesto público sino la recuperación de las aportaciones previas de los trabajadores.
El debate, por tanto, se centra en la eficacia del sector público, asunto difícil de simplificar porque no es lo mismo el trabajador esencial (que incluye fundamentalmente la sanidad, la enseñanza y la seguridad) que el funcionario que desarrolla con fruición la tarea enredar con los papeles y colocar palos en las ruedas de la sociedad.
Lo cierto es que las autonomías gastan en nóminas en España el 43% de lo que recaudan y algunas más de la mitad. Castilla y León no es de las peores, ocupa el puesto número cinco con un gasto en salarios del 47%.
A nadie se le oculta que el empleo público es fundamental para el funcionamiento de la economía, conforma una parte del Producto Interior Bruto del país, pero ya nadie discute que el sector público requiere de una profunda reestructuración. Muchas actividades han quedado obsoletas. Las nuevas tecnologías y las atenciones cambiantes de la sociedad solapan un empleo desfasado, al que se añade un nivel de absentismo que no se corresponde con la peligrosidad de la mayoría de las tareas. Igualmente queda contrastado que la Administración es incapaz de crear sistemas de motivación para aumentar la eficacia de los empleados públicos y disminuir su pasotismo, estrés o depresión. Nada nuevo ni desconocido. Pero por extrañas razones son asuntos eternamente aplazados. A lo peor es que hay problemas que entre los humanos no tienen solución.La campaña de la Declaración de la Renta es periodo recurrente para el eterno debate en torno a la recaudación de impuestos y su aplicación en gastos. Las sociedades con un cierto sentido de la justicia social tienden a primar lo público sobre lo privado, pero se topan con el inconveniente de que su eficacia es mucho menor cuando se esgrimen en paralelo criterios de rentabilidad.
En España hay 530 mil personas más que cobran del dinero público (pensiones, salarios y prestaciones sociales varias) que de la empresa privada. Naturalmente la partida mayor se destina al pago de las pensiones (más de nueve millones de personas), concepto que no debería considerarse gasto del presupuesto público sino la recuperación de las aportaciones previas de los trabajadores.
El debate, por tanto, se centra en la eficacia del sector público, asunto difícil de simplificar porque no es lo mismo el trabajador esencial (que incluye fundamentalmente la sanidad, la enseñanza y la seguridad) que el funcionario que desarrolla con fruición la tarea enredar con los papeles y colocar palos en las ruedas de la sociedad.
Lo cierto es que las autonomías gastan en nóminas en España el 43% de lo que recaudan y algunas más de la mitad. Castilla y León no es de las peores, ocupa el puesto número cinco con un gasto en salarios del 47%.
A nadie se le oculta que el empleo público es fundamental para el funcionamiento de la economía, conforma una parte del Producto Interior Bruto del país, pero ya nadie discute que el sector público requiere de una profunda reestructuración. Muchas actividades han quedado obsoletas. Las nuevas tecnologías y las atenciones cambiantes de la sociedad solapan un empleo desfasado, al que se añade un nivel de absentismo que no se corresponde con la peligrosidad de la mayoría de las tareas. Igualmente queda contrastado que la Administración es incapaz de crear sistemas de motivación para aumentar la eficacia de los empleados públicos y disminuir su pasotismo, estrés o depresión. Nada nuevo ni desconocido. Pero por extrañas razones son asuntos eternamente aplazados. A lo peor es que hay problemas que entre los humanos no tienen solución.