La empatía no es lo suyo. Ahí deben rastrearse las causas últimas de su malogrado salto vocacional de la judicatura a la política. Demasiados problemas y demasiadas salidas erráticas. Las más recientes giran en torno a la inviolabilidad del domicilio (¿es legal la patada en la puerta para evitar conductas castigadas con multa administrativa?) y los límites de la discrecionalidad en la destitución de cargos de confianza en la Administración del Estado (caso Pérez de los Cobos).

Han sido una constante los frecuentes choques con personas que fueron de su confianza al ser nombradas para su equipo en el Ministerio del Interior y cesadas poco después. Véase el historial de caídas en personas que se iniciaron en su equipo desde que fue nombrado por Sánchez en junio de 2018, tras la moción de censura Rajoy.

Eso está en el fondo del desencuentro con el coronel Pérez de los Cobos, destituido en mayo del año pasado y rehabilitado en la AN por un juzgado de lo contencioso-administrativo, a expensas de lo que pueda ocurrir con el anunciado del ministro. Pero hay un precedente que no le favorece: el cese del entonces comisario-jefe de la PN de Palencia (2017), revocado porque el TSJ de Castilla y León sentenció que también los ceses discrecionales deben ser objeto de control jurisdiccional.

Dos principios en juego. Uno inspira el ejercicio de la política: la "libre designación" de cargos por parte del máximo responsable, en este caso de un Ministerio. Otro inspira el ejercicio de la judicatura: en la esfera pública hasta las destituciones deben ajustarse a la legalidad. La doctrina queda reflejada en la sentencia sobre Pérez de los Cobos: "La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad".

El ministro remite los motivos del cese a una simple "pérdida de confianza". Y el juez ordena la reposición del cesado jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid porque la "pérdida de confianza" no estuvo suficientemente motivada y derivó en una decisión de naturaleza represiva ("patente desviación de poder", se dice). Algo que repercute gravemente sobre la imagen de un juez profesional, como Grande-Marlaska, que cambió la legalidad (el juez) por la oportunidad (política) en sus guías de conducta.

A quienes le apreciamos nos duele que otro juez lo señale por inducir a un colaborador a cometer un acto delictivo (lo da a entender la sentencia). O sea, por destituir a quien se estaba limitando a "cumplir con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban" (no informó al ministro sobre una investigación judicial a la que se debía). Y nos duele especialmente que en los medios de comunicación lo presenten como un ministro "al borde la de la ilegalidad" cuyo nombre aparece asociado a "purgas" y "patadas en la puerta".