Es difícil reformar un sistema de pensiones quebrado pero que cuenta con nueve millones de pensionistas que votan para mantener el statu quo que la vida política les quiere otorgar sin el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. No podemos tratar los problemas solo con argumentarios, buenas palabras y consignas, sin tener en cuenta aquellos informes que no avalan las propuestas en un debate parlamentario carente de consenso. Es por lo que cualquier reforma que afecte a una colectividad, como puede ser la revisión de las pensiones, mercado laboral, mercado de la vivienda o cualquier otro necesita un amplio consenso antes del debate parlamentario.
Pero no solo de los partidos políticos sino también de la patronal, sindicatos y de muchísimos expertos, que, unido a la neutralidad y trasparencia, sean parte fundamental de la resolución de un problema y no de la creación de otro futuro. Este es un problema de consenso y de responsabilidad, que no se resuelve dándole traslado al ámbito parlamentario, con cambio político y que dé lugar a nuevas modificaciones para abordar los mismos problemas de diferente forma. Lamentablemente, todas estas incapacidades de diálogo que brillan por su ausencia a la hora de buscar el consenso, producen la sensación no solo de impotencia sino también de incompetencia.
Busquen el término medio entre el modelo actual y un modelo donde la empresa deba de realizar mensualmente una aportación y que pueda deducir del salario bruto a una cuenta de ahorro personal llamada fondo de capitalización a nombre del empleado. Y vuelvan ustedes a otorgar bonificaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones.
Me gusta que las pensiones suban un 8,5%, pero no me gusta que este aumento corra a cargo de las nóminas de hijos, nietos y del futuro empresarial de este país. El organismo de control del gasto público del Ministerio, AIREF, nos habla de un coste de 300.000 mil millones de euros anuales, sabiendo que en el 2050 tendremos que destinar el 60% del IRPF al pago de ellas más el pago de la deuda pública del estado que este año se incrementara hasta los 41.000 millones de euros.
¿Buscan dinero? Reduzcan en 60.000 millones de euros el gasto innecesario de 23 ministerios y 785 asesores. ¿O es que alguien del ámbito parlamentario ha pensado que la hucha del Estado son las empresas y las generaciones futuras?