Todo el mundo habla de ese cuadragésimo aniversario del 23-F, que alguien ha tenido la malhadada idea de conmemorar este martes en ese Congreso de los Diputados que Tejero y sus secuaces hollaron para vergüenza de la nación y humillación de los parlamentarios.
España es un país muy 'conmemorativo', incluso cuando se trata de acciones luctuosas, de batallas perdidas o de hechos de los que se derivaron más males que bienes. Hoy, para aquellos a los que se les haya podido pasar inadvertido, quiero señalar en el calendario otro aniversario, que se cumplirá este viernes: el 26 de febrero de 2020 ocurrió algo cuyas consecuencias (negativas, por supuesto) aún no hemos terminado de apurar.
Y es que el 26 de febrero de 2020 el Gobierno designó, por supuesto 'a dedo' y por sorpresa, a la hasta entonces ministra de Justicia como nueva fiscal general del Reino. Pusimos algunos entonces el grito en el cielo: a la deficiencia democrática que, a mi juicio, supone la designación directa desde el Ejecutivo para tan alto cargo, se sumaba la personalidad de la designada. Nada menos que Doña Dolores Delgado, de la que se habían filtrado audios cuando menos desagradables siendo ministra de Justicia y cuyo alineamiento con los partidos gobernantes (la coalición PSOE-UP) era indudable e innegable. Toma separación de poderes.
En este año ejerciendo la Fiscalía, la señora Delgado ha tenido, es cierto, luces y sombras, quizá más de estas últimas que de las primeras. Nunca se ha separado un milímetro de lo que el Gobierno le convenía, e incluso las acciones y decisiones que podrían ser 'neutras' se han visto siempre a la luz de la sospecha, que nunca ha abandonado a ningún fiscal general y más en este caso en el que el nombramiento recayó sobre la persona errónea.
Sospecho que el nombre de Dolores Delgado aparecerá más de una vez en las conversaciones en busca de un pacto sobre la Justicia que mantienen estos días PSOE (sin Unidas Podemos) y Partido Popular. En teoría, la Fiscalía está fuera de lo que sería el acuerdo inicial, circunscrito a la renovación del Consejo del Poder Judicial y su presidencia, pero consta que los 'populares' desean también un cambio de Delgado por otro nombre más 'homologable', y creo que en este punto tienen mucha razón: el año de doña Dolores Delgado como fiscal general del Estado no ha sido un período precisamente de gloria para el prestigio de la Justicia.
Es ahora el momento de remediarlo, una vez que el PP ha logrado ver cumplida su principal exigencia: apartar a Podemos de cualquier negociación sobre renovaciones institucionales, en general, y sobre la renovación del gobierno de los jueces, muy en particular. A ver ahora si el 'espíritu del pacto' se amplía a RTVE, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo (se habla mucho de Angel Gabilondo para ocupar el puesto por consenso) y a tantas otras cosas que son otros tantos entuertos debidos a la pésima relación del Gobierno con el Gobierno. Las dos Españas, en el mismo Ejecutivo, ya ve usted. Y Doña Dolores Delgado, fiscalizando, que es gerundio: el viernes soplará la velita de su primer año en el cargo. Esperemos que sea, además, el último.