La decisión de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de incrementar este año un 10% la asignación económica a los grupos parlamentarios ha supuesto el primer encontronazo entre los partidos que van a formar el próximo Gobierno autonómico y el PSOE, que votó en contra. Es un asunto sobre el que no siempre existe unanimidad, porque la posición de los partidos varía en función del contexto de cada uno, habitualmente con un trasfondo demagógico que suele surtir efecto cuando se habla de sueldos políticos. La hubo en 2010 para rebajar las cuantías en idénticos porcentajes que ahora. Eran tiempos de crisis y difícilmente se podía justificar que trabajadores y empresarios tuvieran que apretarse el cinturón y la clase política no diera ejemplo.
La situación actual es distinta. Ahora al PSOE le ha venido bien adoptar el papel crítico que más coincide con el pensamiento de la calle, que en grandes líneas viene a ser que los políticos se lo llevan crudo por no dar un palo al agua. Flaco favor para todos porque, posiblemente sin pretenderlo, contribuye a una opinión generalizada muy alejada de la realidad. Uno de los argumentos para el rechazo –que el PP se ha quedado sin ‘sobres’– resulta tan pueril que ya solo con eso arroja dudas sobre la consistencia del resto del argumentario y lleva a pensar que se trata, sin más, del comienzo de la estrategia de querer mostrarse distintos en todo respecto al PP y Ciudadanos tras haberles truncado estos la posibilidad de gobernar pese a su clara victoria de mayo en las urnas.
Lo de mostrarse distintos en todo aquello en lo que haya que serlo está muy bien, pero lo populista no suele ser casi nunca lo conveniente. En más de una ocasión he recordado un lamentable episodio que como periodista me tocó vivir en Castilla-La Mancha con María Dolores Cospedal de protagonista. En su empeño por ganar las elecciones autonómicas en 2011, en plena crisis, hizo una campaña con todos los mensajes facilones que la ciudadanía quería escuchar. Prometió ‘meterle tijera’ a las Cortes y reducir la cifra de diputados y sus emolumentos. Dicho y hecho, dejó el Parlamento con 33 escaños para cinco provincias y a todos los parlamentarios con una asignación mínima, de forma que ninguno podía dedicarse a la tarea encomendada por los electores porque debían buscarse sustento en otro lado. ¿Con qué consecuencias? Para empezar, una capacidad de trabajo de todos los grupos políticos reducidísima. Para quienes consideren que las instituciones no sirven para nada éste no dejará de ser un detalle sin importancia con el que hoy incluso seguirán de acuerdo. Pero hay que decir alto y claro que están en un error grave. Sí, muy difícil de combatir, pero en un error. Por supuesto que sirven y que tienen que tener todos los medios posibles para desempeñar su trabajo. No estamos hablando en absoluto de las obscenas subidas de sueldo que sí se han aprobado estos días en algunos ayuntamientos de España, incluso de municipios pequeños. Estamos hablando de las Cortes en Castilla y León, un territorio que reclama muchísima dedicación de los servidores públicos, que necesitan herramientas y cuyo incremento presupuestario es, como se suele decir, el chocolate del loro.
El aumento de la asignación no supone subir los sueldos ni llenarse los bolsillos sino disponer de más medios y más personas trabajando para un fin del que en condiciones normales no debieran ser los propios políticos quienes nos hagan dudar. Es cierto que el PP en esta ocasión ha jugado con cartas marcadas, porque tras su estrepitosa derrota electoral su grupo parlamentario ha perdido mucho dinero y sin este incremento se las vería y desearía para hacer bien su trabajo. El hecho de que el PSOE haya sufrido en los últimos años una evidente insuficiencia de medios que ahora el PP no conocerá no justifica su posición oportunista. No es lo que cuesten las Cortes, sino lo que valgan. Y esperamos que sea mucho y que su coste merezca la pena. Tiempo habrá para evaluarlo.