Ha entrado en este soleado final del mes de marzo la primavera. Por fin muchos burgaleses podrán dejar atrás las mantas y apagar las calefacciones centrales después de un frío y ruinoso invierno. Pensionistas, familias vulnerables, necesitadas… podrán recuperar el resuello y la tranquilidad. Ya no tendrán que empeñarse, recortar los gastos de comida o acaso mendigar un poco de calor en casa de vecinos más pudientes.

El Gobierno de Sánchez conocía el gravísimo problema que se cernía sobre las comunidades de vecinos con calefacciones centrales por el descontrolado encarecimiento del gas y ese absurdo sistema de facturación que asimilaba vecindarios a industrias. Tarde, mal y nunca intentó parchear con una reforma tardía e insuficiente para que pudieran migrar y acogerse a las tarifas de último recurso, las famosas TUR, y soportar así los sablazos del endemoniado mercado libre, pero muchas comunidades en octubre ya tenían cerrados las compras de invierno y no pudieron acogerse a las ventajas. Estas colectividades tuvieron que asumir elevadísimas derramas -algunas de 500 euros- además de abultadas facturas que arrojaban ya para entonces los dichosos repartidores, esos aparatejos telemáticos que se ha obligado a pegar en los radiadores para controlar supuestamente los consumos y cuya eficacia y justicia distributiva están bajo sospecha.

El Gobierno, lejos de contener la desaforada escalada de precios del gas que ha golpeado de una forma singular a las comunidades de vecinos con calefacción colectiva, les ha dejado inermes y al albur de los especuladores. Y lo que es peor, Sánchez y sus ministros han mirado a otro lado. La realidad es que miles de residentes han tenido que dejar este invierno a deber cuotas comunitarias, pagar a plazos e incluso pedir el dinero a familiares para afrontar las abultadas facturas mensuales de gas. De nada han servido los escuálidos bonos sociales ni los térmicos.

Muchos jubilados y pensionistas, con ingresos que no superan los 1.100 euros, han visto multiplicados por tres, cuatro y cinco veces sus recibos y han desembolsado cada mes facturas de 410 o 450 euros e incluso más. El gélido invierno burgalés ha dejado ver las costuras y la ineficacia de un sistema de continuos parcheos legislativos y escuálidas ayudas, más electorales y populistas que reales y efectivas. Una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.