Veo a la justicia llegar demasiado tarde en prácticamente todos los procesos penales que sigo. Deja por tanto de ser una justicia real y efectiva y causa estragos en quienes padecen esperas cercanas a una década para despejar la duda de si pisarán o no la cárcel y perderán su libertad por unas acusaciones que se hacen eternas. En nuestra sociedad existe además el juicio paralelo, el que hacen con sus críticas y opiniones los ciudadanos tras conocer los hechos en los medios de comunicación convencional y que, muchas veces, vierten en las redes sociales. Para muchos, otra tortura psicológica.

Parece que a quienes se deberían de ocupar de dotar a la Justicia con los suficientes medios humanos y técnicos no les preocupa ni lo más mínimo el sufrimiento de los acusados. Pero a veces el precio es demasiado alto. Ese es el caso de la empresa cántabra Codefer y su propietario, Roberto Salido, quien se sentó en marzo en el banquillo de los acusados después de casi ocho años esperando un juicio por un posible delito contra el medio ambiente. En ese intervalo, las medidas cautelares solicitadas por el Juzgado de Villarcayo para que hubiera fondos que garantizaran el cumplimiento de la posible condena y otras cuestiones se han llevado por delante esta firma, que entró en concurso de acreedores, y despidió a sus 20 trabajadores. Las fianzas solicitadas por el juzgado suben a 8 millones de euros. En la vista, el empresario afirmó que por perder, había perdido hasta a su mujer por el pleito.

Pero hoy contamos en DB que la juez de lo Penal ha absuelto a esta firma y a su dueño, al no encontrar delito en su conducta. Y ahora, ¿quién compensa a este empresario? ¿Dónde está el sentido común de quienes dejan sin medios suficientes a la Administración de Justicia para reducir estos plazos inadmisibles? Lo seguiremos buscando.