La tomadura de pelo continua, que dura ya más de dos décadas, del Ministerio de Transportes - antes de Fomento- a los habitantes de esta provincia con la ejecución de tres infraestructuras básicas -la A-12, la A-73 y a la A-11- alcanza unas cotas preocupantes. Es como para que los alcaldes de los pueblos que jalonan las peligrosas nacionales que usan sus vecinos a diario en sus desplazamientos a Burgos, Logroño, Aguilar o Aranda, se echen al asfalto día sí y día también para reclamar el pago de una deuda histórica que la Administración central se empeña en no resarcir.  

Las cifras de fallecidos que presenta la N-120 en este primer semestre del año recuerdan los negros números que registraba la N-I antes de la liberalización de la autopista. Cinco muertos en seis meses ya está bien. La elevada mortalidad de la carretera que une Burgos con Miranda provocó tal rechazo social que se constituyó una plataforma cívica para denunciar la sangría, exigir el rescate de la AP-1 antes de la fecha de finalización de su explotación y, en última instancia, para dejar claro que los vecinos no iban a transigir con una nueva prórroga del peaje. Por lo menos consiguieron su último propósito, que no fue poca cosa, pues con anterioridad a diciembre de 2018 no eran pocas las voces políticas que abogaban por continuar pagando por circular por esa autopista y por el resto que en los últimos años han ido levantando sus barreras. 

¿El único lenguaje que entienden los gestores públicos es el de la presión a través de la movilización? ¿No les basta saber que la autovía de Logroño, por ejemplo, está contemplada en los planes ministeriales desde hace 21 años? ¿Que en 2001 en Fomento los técnicos observaron que la densidad del tráfico -mucho de él pesado- y la peligrosidad de la carretera aconsejaban la construcción de una doble vía? ¿No les es suficiente con ver que se matan demasiados usuarios? Pues al parecer, no, porque en la mayoría del tramo ni siquiera hay obras. Y lo que queda.