Pese a las polémicas que rodean a la cúpula del mundo judicial, los nombramientos efectuados ayer por el Consejo General del Poder Judicial, aun con el mandato prorrogado desde hace casi dos años, trajeron una buena noticia, la designación por consenso de la magistrada María Luisa Segoviano como presidenta de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, la primera vez que una mujer ocupa un cargo de tanta relevancia. Un camino que seguirán muchas otras puesto que representan ya más del cincuenta por ciento de los jueces y magistrados.
Los vocales del CGPJ desafiaron las presiones del Gobierno y de los partidos que lo conforman y decidieron seguir adelante con los nombramientos, que en este caso han sido refrendados por una mayoría raramente alcanzada por el acuerdo entre los sectores conservador y progresista. El pacto ha dado como resultado que, de los seis nombramientos realizados, cuatro hayan sido para magistrados más relacionados con el segundo y dos con el primero. Además de la nueva presidenta, los progresistas también tendrán la presidencia de la Sala de lo Militar, y dos magistrados más en la Sala de lo Penal. A esta se incorpora el magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, que emitió un voto particular contra la sentencia de la Gürtel, mientras que César Tolosa será el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se encarga de juzgar los actos del Gobierno.
Este pacto de circunstancias, necesario para completar los tribunales de la Sala Segunda y un reparto que cuantitativamente beneficia al sector progresista pero que cualitativamente refuerza el poder del sector conservador en las Salas II y III, no oculta la necesidad de que se ponga en marcha cuanto antes la renovación del CGPJ. Su presidente, Carlos Lesmes, dijo en la apertura del Año Judicial, en presencia del rey, qué pese a su situación, seguirían con los nombramientos tal como exige la ley del Poder Judicial. Lesmes cumple con la ley que ordena su trabajo, pero no lo hace con una norma de carácter superior de la que emana su cargo como es la Constitución que marca la renovación de los cargos cada cinco años. Hasta la Comisión Europea, en su primer informe sobre la calidad del estado de Derecho en los países miembro, ha solicitado la renovación urgente del CGPJ, por considerar que se trata de una de las deficiencias que es necesario superar. De la misma forma considera muy mejorable el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado porque afecta a la percepción de su independencia.
El Partido Popular siempre critica el actual sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ cuando se encuentra en la oposición. Pero en las ocasiones que ha estado en el gobierno no ha hecho ni la intención de cambiarlo, y en esta ocasión su 'filibusterismo' bajo la excusa de evitar la politización es demasiado evidente. Téngase en cuenta que el actual responsable de justicia del partido es el juez Enrique López, a su vez consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid, miembro del CGPJ que tardó otros dos años en renovarse en época de Rodríguez Zapatero y que fue presentado como candidato al Tribunal Constitucional por distintas comunidades autónomas vulnerándose el espíritu de la ley.