Es sabido que los tiempos de la justicia, de sus distintos actores, no son los mismos que los de la política y que tampoco lo son los tiempos de quienes están siendo investigados por la fiscalía. Estas circunstancias se han vuelto a hacer evidentes con la decisión del rey emérito, Juan Carlos I, de realizar la segunda regularización fiscal sobre unos fondos que tendrían que haber sido satisfechos ante Hacienda en tiempo y forma.
Si el rey emérito ha podido realizar la segunda regularización fiscal, en este caso por 4,4 millones de euros, es porque ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía General del Estado se han mostrado diligentes a la hora de culminar sus investigaciones o iniciar el expediente que habría impedido realizar esta nueva aportación de fondos, que habría abocado a Don Juan Carlos a ser investigado en una nueva causa penal, una posibilidad que se pretende evitar, toda vez que existe la posibilidad cierta de que todas las causas que se investigan en torno a sus presuntas irregularidades fiscales acaben archivadas, bien porque se tratara de asuntos cobijados bajo el manto de la inviolabilidad de su etapa de monarca en ejercicio, bien por falta de pruebas.
Los tres meses que han pasado entre la primera y la segunda regularización fiscal ha sido utilizado por el rey para allegar los fondos necesarios para llevar a cabo la satisfacción de las deudas con Hacienda, procedentes de amigos debidamente documentados ante el fisco. Según su abogado defensor, será la última que se realice, lo que evitará nuevos sobresaltos, que se reaviven las dudas sobre un trato preferente y un uso de los tiempos con el rey emérito distinto que con el resto de los ciudadanos, una sospecha que hasta los propios técnicos de Hacienda han puesto sobre la mesa, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la ejemplaridad de la actuación de la Agencia Tributaria. En cualquier caso, también es cierto que la polémica sobre las regularizaciones fiscales tiene menor recorrido que la posibilidad que ver a un ex jefe del Estado sentado en un banquillo por delito fiscal.
Donde la confusión de tiempos ha sido más evidente ha sido por el momento elegido para desvelar el anuncio de la regularización fiscal, apenas dos días después de que se celebrara en el Congreso el acto de conmemoración del cuadragésimo aniversario del triunfo de la democracia sobre los golpistas del 23-F, que fue un acto de reconocimiento a la labor del rey emérito aquel día por parte de su hijo, Felipe VI, y organizada también para mostrar el apoyo de la parte socialista del Gobierno a la Corona, un gesto que Pedro Sánchez ha vuelto a repetir desde La Moncloa al poner de relieve la ejemplaridad del rey en el ejercicio de su función, y su plan de trasparencia y modernización de la institución.
Es un hecho que el tiempo corría en contra de los intereses de Juan Carlos I, quien debía actuar con rapidez para evitar el cerco de la justicia. Sin embargo, el momento elegido ha sido el peor posible y la operación de reconocimiento de su papel histórico –blanqueo de su figura dicen desde Unidas Podemos- ha quedado arruinada, y puede afectar a su deseo de volver a España cuanto antes.