Hasta ahora la política de gestos por parte del Gobierno de coalición hacia los partidos independentistas no ha tenido ninguna consecuencia práctica. Se ha hablado mucho, se han iniciado trámites que tardarán meses en sustanciarse, se negocia discretamente, pero no ha habido ninguna decisión que haya supuesto una cesión de orden político a Cataluña que les permita apuntarse un tanto. Eso hasta ahora, cuando se ha producido la inexplicable e inexplicada ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces que tienen su escuela en Barcelona.

En la 'ponderación de bienes' que el Gobierno ha tenido en cuenta para evitar la presencia del Rey todos los argumentos juegan en contra de su decisión. Los supuestos motivos de seguridad, de protección de la institución, o el intento de complacer a los soberanistas, se han vuelto en su contra porque la Corona ha quedado demediada, el Gobierno ha sido vapuleado y los problemas de seguridad no se los cree nadie. Si la ausencia del rey tenía algún efecto benéfico ha quedado sepultado por el aluvión de críticas recibidas por el Ejecutivo y la exhibición de triunfo de antimonárquicos e independentistas '

El Gobierno siempre ha manifestado que quiere una salida dialogada para 'el conflicto' catalán y en ese empeño se ha jugado fiabilidad y prestigio y ha despertado dudas sobre sus planes de futuro. Pero hasta ahora ha hecho más declaraciones de intenciones que actos concretos. La primera de ellas es que el diálogo sobre el expediente catalán se basa en los principios de diálogo y ley, que incluye el respeto al actual marco constitucional, por mucho que se quiera ver que sus costuras están a punto de saltar. No se ha producido ni una sola cesión sobre la pretensión independentista de avalar un referéndum de autodeterminación, y la existencia de ese marco de diálogo es precisamente un motivo de discrepancia entre los propios 'indepes', hasta el punto de que ha sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha impedido la reunión de la mesa de diálogo.

Es cierto que en los últimos tiempos el Gobierno ha iniciado dos movimientos que van en una dirección que puede beneficiar a los políticos presos por el 'procés', la reforma en el Código Penal del delito de sedición -y el de rebelión- que puede suponer una rebaja de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo, y el inicio de los expedientes de su indulto. Si en el primer caso se trata de una modificación exigida para la puesta al día de unos tipos penales que no se adecuan a la situación actual y futura, -aunque no era necesario 'legislar en caliente' bajo los focos del conflicto catalán-, en los indultos se ha vuelto a producir las discrepancias en el seno del independentismo porque algunos ven en esta medida de gracia un freno al deseo maximalista de conseguir una amnistía para todos los implicados de una u otra forma en el 'procés.

Tampoco la Fiscalía de la que se pregona que está a las órdenes del Gobierno ha hecho nada por favorecer a los independentistas y se ha opuesto a la concesión del tercer grado que la administración penitenciaria catalana concedió a los presos del procés, y ya ha anunciado su informe contrario a los indultos. Y todo ello a pesar de que Gobierno y ERC se buscan para aprobar las cuentas públicas.

Pero la decisión sobre el Rey es un error de magnitud incalculable.