La  marca Lechuga de Medina se ha despedido, al menos, de momento, después de 10 años demostrando su calidad y llevando el nombre de la ciudad de los condestables y de la comarca de Las Merindades por media España. Cuando la Asociación Hortícola Merindades nació en 2002 había 11 productores dispuestos a tirar del carro. Pero la ingente burocracia y tramitación que tuvieron que superar les llevó hasta 2010. Ocho años para lograr la marca. Ya entonces solo quedaban 8 productores interesados.

Una década después, los papeles seguían enterrando a los tres productores que resistían, yo diría de forma un tanto heroica y por orgullo, porque los complicados trámites que tenían que superar sus lechugas para lucir la marca no les compensaban ni de lejos el esfuerzo y tampoco en el precio final del producto. Además, las que no certificaban y salían de sus fincas al mercado sin el marchamo de calidad, acababan por ser exactamente iguales porque eran tratadas con el mismo mimo y profesionalidad. 

Y entonces me pregunto yo, por qué nuestra Administración, en este caso la Consejería de Agricultura y Ganadería -de otras también podría decir cosas parecidas- se empeña en poner tantas dificultades a las explotaciones agrícolas y ganaderas que resisten en estas tierras. No ven acaso, sus sesudos asesores y funcionarios de alto nivel que solo están causando un perjuicio mayor que el beneficio. No habrá en siglo XXI un modo más sencillo de fiscalizar si un producto tiene la calidad que se le supone. Tiene que haberlo más allá de papeles y papeles que los agricultores a duras penas pueden atender, porque bastante tienen con el campo. Ídem, los ganaderos, que cada día tienen que rellenar más y más formularios, mientras el mundo rural se desangra.