Con sutil estilo Pedro Vallín cuenta que el mundo de la ficción, el cine sobre todo, cambia nuestra forma de interpretar la realidad y aún de producirla (C3PO en la corte del rey Felipe). No es solo la sociedad del espectáculo, inevitablemente instalada en nuestra cotidianidad, sino la convicción de algunos, particularmente en la política, de estar protagonizando una serie apocalíptica, épica, revolucionaria o totalitariorregeneradora, con los riesgos que esto supone.
Mirar la realidad a través de estos clichés lleva a perder el sentido de bien común: ser una colectividad que se reconoce en el compromiso con sus integrantes. La simplificación de lo complejo (una sociedad multitudinaria y heterogénea), tiende a crear monstruos. Con los anteojos exaltadores de la particularidad mínima y propia no hay espacio para otros, no hay adversarios, solo enemigos, extraños, exterminables.
En general, sin embargo, hay muy poca epopeya en la política. Lo que se cuece en los (ridículamente) llamados War Rooms, no suelen ser ni genialidades, ni grandes pensamientos. La mezcla de publicistas y expertos demoscópicos no da grandes alturas filosóficas. Se busca el eslogan fustigante, la frase-meme, el zasca tuiteable (los términos ya lo dicen todo). En esto ha quedado aquel noble oficio: insufribles momentos de nadería, de mediocridad y servilismo a los poderes extraparlamentarios, entrecortados por instantes de levísima y efímera ingeniosidad. Y así, la trabajada no-realidad será servida por quienes laboran en la sombra, en las partes opacas y densas del sistema alterando el sentido común, el espíritu de la ley o su propia letra.
Lo sucedido con la Ley de libertad sexual es una buena muestra de estas guerras antidemocráticas. ¿Se piensa en las víctimas o en la bancada parlamentaria? Nadie en su sano juicio duda de la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales ni de la necesidad de proteger a los más vulnerables. ¿Se nos olvida que la Audiencia Provincial de Navarra condenó solo por abuso a La Manada? Si lo importante es el servicio público, la atención a los desfavorecidos, ¿por qué dilapidar el capital y avance social que supone esta Ley en luchas de pegatina? No vivimos en los mundos de Yupi y habrá que dejar las normas redactadas de manera que los ultramontanos del lado oscuro no tengan vías para soliviantar a la población con descargues penales o abandonos a las víctimas. Vamos, que conviene ser un poco realistas. Y políticos.
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