Estamos ya más que curados de espanto, porque hace ya mucho tiempo que aceptamos como inevitable tener que pagar por casi todo: por aparcar en la santa calle a pesar de que ya abonamos un enigmático impuesto municipal de circulación, por las pastillas que nos receta el médico (mientras hacemos cola en la farmacia podemos reflexionar sobre el mandato constitucional de un sistema tributario justo y progresivo), por llamar al departamento de atención al cliente de la empresa con la que tenemos contratado el servicio telefónico… Quizá por eso, la pretensión de la Policía Local de nuestro suelo bendito de cobrar una tasa a los colectivos que quieran manifestarse en la vía pública en defensa de sus derechos no nos ha llamado a un escándalo excesivo, pues apreciamos que su nivel de venalidad y desvergüenza no desentona demasiado del de otras iniciativas salerosas con que la Administración se empeña en hacernos la vida un poco menos fugaz.
Nos preguntamos, eso sí, cómo se van a calcular esos precios públicos, pues entendemos que no es lo mismo una concentración silenciosa que una marcha con megáfonos, batucada y lectura de manifiesto, ni debería aplicarse la misma tasa a una manifestación en la que los circunstantes se limitan a pitorrearse con cortesía del señor alcalde que esa otra en la que se profieren gritos atentatorios contra los poderes del Estado. A lo mejor, cuando el recién nacido mecanismo se vaya sofisticando, el carné de estudiante sirva para participar gratis en una concentración contra la enésima ley educativa, o se apliquen descuentos para jubilados en las protestas contra la reforma del sistema de pensiones.
El negocio tiene su miga, vaya que sí, por bien que la Policía Local no haya elegido el mejor de los momentos para ponerlo en marcha, cuando la alerta sanitaria ha hecho que huyamos de las reuniones tumultuosas y ha malbaratado manifestaciones tan significadas como las del Día de la Mujer, que cualquier otro año hubiese dejado sus buenos euros a tan emprendedor Cuerpo.
Quizá algún lector juzgue inaceptable que se nos obligue a pagar si queremos ejercer nuestros derechos más básicos. Que sepa que la cosa tiene toda la pinta de empeorar: hace unos meses el Fondo Monetario Internacional propuso que se nos aplique un impuesto especial por generar dióxido de carbono, es decir, por respirar, y a nadie le entró la risa floja.