Las campañas electorales se inventaron para arengar en los mítines a los votantes más fieles, para tratar de sacar los colores al contrario a golpe de titular y, especialmente, para abrumar a la ciudadanía con una retahíla incansable de promesas. Y poco más. Personalmente, a veces creo que, si se pudieran cumplir estas últimas, no estaría de más la aprobación de convocatorias electorales casi cada año. Pero ya saben que no es el caso.
En este año, marcado por las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28 de mayo y los comicios generales previstos para diciembre, el bombardeo de promesas resulta más angustioso que alentador.
En nuestro entorno geográfico más próximo, unos y otros proponen llevar a cabo la realización de infraestructuras faraónicas, la construcción de puentes, estadios, parques acuáticos, carreteras, nuevos hospitales, residencias y centros de ocio, entre otras 'suculentas ofertas'. A escala nacional, el bazar de oportunidades también está bien surtido. El Gobierno, aprovechando su posición de privilegio, es el que puja más fuerte, con la vivienda como carta estela de presentación. Complementan el variado lineal de este singular hipermercado los anunciados avales a jóvenes para la compra de vivienda, los descuentos interrail, los bonos para viajes en trenes y autobuses, el famoso cheque cultural de 400 euros al cumplir la edad de 18 años y el de cine a 2 euros para jubilados que, junto a la eliminación del copago de medicamentos a una serie de pensionistas, sirven para encandilar a jóvenes y mayores.
Todo ello es sólo una parte del amplio catálogo que, megáfono en mano, se vocifera a bombo y platillo en los diferentes mítines. Sin embargo, como saben, es fácil seducir con ideas y proyectos futuribles, porque la publicidad engañosa que practican nuestros políticos parece no penalizarles lo más mínimo en las urnas. Ahora bien, es infame este tipo de comportamientos cuando lo que está en juego es la propia credibilidad de quienes aspiran a representarnos y, más aún, las oportunidades de progreso de la sociedad, por no hablar de las nefastas consecuencias en el erario público al hipotecar futuros presupuestos. De hecho, los anuncios grandilocuentes superan los 45.000 millones de euros de sobrecoste. Casi nada.
Claro que, si se fijan, la mayoría de estas ofertas encajan sólo entre jóvenes de hasta 35 años y mayores de 65, por lo que parte de esa factura la va a pagar el resto, es decir, el colectivo de la población activa sobre el que descansa en España el peso de todo lo que se mueve, además de soportar una importante carga impositiva.
Lamentablemente, como ya dijo algún político en tiempos pretéritos, las promesas electorales están para no cumplirse. Así que no se extrañe nadie del boom al que asistimos en cada campaña, porque la mentira envuelta en papel de regalo forma parte indisoluble de estos períodos.