Tampoco es que nos hubiésemos tomado nunca muy en serio, en honor a la verdad, la voluntad de Vox de reducir radicalmente la plantilla de empleados de las distintas administraciones como fórmula propicia para poder bajar los impuestos, así que no nos ha extrañado en demasía que la entrada del partido de Abascal en el gobierno de Castilla y León haya disparado en un abrir y cerrar de ojos el número de asesores designados a dedo e incrementado en un tercio el gasto que suponen los salarios de los altos cargos en nuestra comunidad autónoma. 

Al fin y al cabo, todos convendremos en que cada vez son más numerosas y perentorias las demandas sociales a que ha de hacer frente el sector público, y además, por mucho que se proponga adelgazar la nómina de ciudadanos que cobran del erario, no puede decirse que Vox se haya mostrado del todo insensible a la encomiable labor que desempeñan los funcionarios en nuestro país. Si no, que se lo pregunten a Macarena Olona, candidata del partido ultraderechista a la presidencia de la Junta de Andalucía, que cerró hace un par de días su mitin en Jaén profiriendo vivas a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, en una exaltación de la función pública que, de más está decirlo, provocó el arrebato general de los allí reunidos.

Cuál hubiera sido la respuesta de los circunstantes si, además de jalear a militares y agentes del orden, la belicosa señora Olona se hubiese liado a vitorear a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, o a la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, es cuestión que a uno le despierta una curiosidad viva y que sin duda alguna nos ayudaría a evaluar con mayor grado de precisión la percepción que tiene un sector de la ciudadanía sobre el verdadero valor de nuestro Estado de Derecho y la solidez de nuestra estructura institucional. Pero, de momento, algunos se contentan con proponer que se cante el himno de la Legión en los colegios.