Las asociaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel han realizado un gran trabajo en Bruselas para que se reconociera el drama de la despoblación, ya que las tres provincias tienen una densidad inferior a 12,5 habitantes por Km2, y ese esfuerzo tiene premio. La UE autorizó el año pasado a que el Gobierno de España pueda conceder ayudas especiales a las provincias con esa demografía y el Gobierno ha metido esas ventajas fiscales para las tres provincias en los presupuestos de 2023.
Se da la circunstancia de que la norma de la UE que fija las directrices para las ayudas de finalidad regional permite al Gobierno de España designar zonas contiguas adyacentes a esas provincias y con la misma densidad de población para que se beneficien de las mismas ayudas. Sin embargo, el Gobierno no ha designado ninguna zona y por eso ni aparecen en el Mapa de Ayudas Regionales para el período 2022-27 que envió a Bruselas, aprobado en marzo por la UE, y tampoco están en los presupuestos.
¿Por qué no lo ha hecho el Gobierno? Pues, quizás porque nadie se lo ha pedido. Pero puede haber margen. Los presupuestos generales del Estado están aún en fase parlamentaria y se pueden incluir enmiendas en el Senado, donde Burgos cuenta con cuatro representantes (dos PSOE y dos PP) y el valor diferencial de que uno de ellos es el presidente, Ánder Gil. Si el movimiento en el Senado no funciona, porque esas zonas concretas deberían haberse incluido antes en la propuesta que envió el Gobierno a Bruselas, aún queda la revisión intermedia de los mapas de ayudas regionales que se hará en el primer semestre de 2023.
El 82,5% de la provincia de Burgos (306 pueblos) tiene menos de 12,5 habitantes por km2, pero la media de la provincia está muy por encima por el impacto de Burgos, Miranda y Aranda. Sin embargo, la UE limita la extensión de esas ayudas a provincias al completo o las zonas contiguas y adyacentes con dicha densidad. Por tanto, no debería de haber excusa para que las ayudas lleguen a la Sierra de la Demanda burgalesa, puesto que reúne las condiciones de población y proximidad. Si no se hace, además de injusto, será un grave perjuicio para las empresas de la Comarca de Pinares burgalesa, que competirá en desventaja con sus vecinos sorianos, que irán dopados fiscalmente.