No se han seguido las recomendaciones del Comisario europeo de Justicia en su visita reciente a España. 

Llueve sobre mojado porque el Informe de la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho en los países de la Unión no ha sido favorable a España en su edición de julio. Se constata que existe un grado de politización en el sistema de propuesta de los 20 jueces que integran el órgano supremo de la Justicia en España. Es importante registrar el sentir de la Comisión en Bruselas respecto a la eficacia del Estado de Derecho. Es condición fundamental para todo país que aspire o solicite su incorporación a la Unión. 

No puede hacerse una interpretación del art. 122.3 de la Constitución por encima del sentido democrático y del Estado de Derecho. El nombramiento corresponde al Rey a propuesta de las Cámaras y éstas atendiendo las propuestas de los jueces. De momento todo indica que la situación de bloqueo continuará hasta el término de la legislatura. De ser así mal van las cosas para el lógico protagonismo de Sánchez como jefe del gobierno que presidirá la UE en el segundo semestre del año próximo.

Aplicar la Constitución es lo correcto. Pero debe hacerse respetando el Estado de Derecho. Y la interferencia del ejecutivo en esta materia no es constitucional. Se mire como se mire no está previsto en la Constitución. Y la Comisión europea lo está recordando. En su Informe utiliza el lenguaje típico de las advertencias, no el de la crítica directa. Pero está diciendo que comparativamente en el conjunto de los 27 países, el Estado de Derecho en España es deficitario. Lo cual no es bueno para el conjunto de nuestra posición en el seno de la Unión, de cuya ayuda financiera ahora dependemos.

Tampoco es cierto que la sanción del delito de sedición tenga un mayor grado de pena en España que en la media de la legislación comparada europea. Y aunque así fuera, que no lo es, no existe una obligación de homologar la legislación penal en la materia. 

El debate mediático introduce mucha confusión en el funcionamiento de la UE y en el alcance o naturaleza de las obligaciones de los estados miembros.