La proposición de ley que impulsa el Gobierno de coalición PSOE-Podemos para cambiar el sistema de elección de parte de los miembros del CGPJ por mayoría de 176 diputados en vez de la mayoría cualificada de los 210 que establece la Constitución tiene como objetivo controlar al futuro gobierno de los jueces mediante nombramientos de vocales políticamente afines. La oposición califica esta iniciativa como un torpedo contra uno de los pilares básicos del Estado de derecho que se asienta sobre el equilibrio y la separación entre los poderes del Estado.

La conciencia de que están impulsando un artefacto legal de dudosa constitucionalidad se delata en el hecho de que el vehículo elegido para cambiar la norma prevista para proceder a la elección de los jueces es una proposición de ley porque de haber optado por la vía del proyecto de ley -como iniciativa del Gobierno- habría sido preceptivo someterlo a los informes del propio CGPJ y del Consejo de Estado. No hace falta tener carné de profeta para avizorar el resultado de dichos informes. Los pronunciamientos de las asociaciones de jueces, desde la mayoritaria, la Profesional de la Magistratura, a la Francisco de Vitoria, son desfavorables. Hasta Jueces para la Democracia que por lo general suele mantener posiciones afines al tándem gubernamental se muestra reticente.

No es para menos porque de seguir adelante con semejante iniciativa el dedazo del Gobierno podría convertir al futuro CGPJ en una suerte de apéndice del Ejecutivo como ya ocurrió en su día con el polémico nombramiento de la Fiscal General del Estado al recaer la encomienda en manos de quien venía de formar parte del Consejo de Ministros.

Para justificar el atropello que se anuncia, Pedro Sánchez y su mentor en este tema, el vicepresidente Pablo Iglesias, aducen la reiterada negativa del Partido Popular a renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional algunos de cuyos nombramientos llevan ya dos años caducados. Pablo Casado justifica el bloqueo ante la pretensión de Podemos para tener una presencia en dicho consejo por encima de su representación parlamentaria. El argumento es discutible y da pie a la maniobra de Sánchez e Iglesias.

Lo lógico sería que el líder del PP negociara para evitar el asalto al poder judicial que se avecina. Casado anuncia que recurrirá la nueva ley ante el TC y los tribunales europeos. Para cuando pudieran llegar noticias acerca de sus resoluciones Sánchez e Iglesias ya habrían conseguido su objetivo de colonizar el poder judicial. Y, a burro muerto, la cebada al rabo.