Suele afirmarse que en política dos años es una eternidad y que en ese lapso puede ocurrir cualquier cosa que varíe las intenciones electorales de los llamados a las urnas que pueden ser muy distintas a las expresadas por los consultados para la elaboración de los estudios demoscópicos. Pero cuando una tendencia empieza a consolidarse resulta difícil volver a cambiarla a no ser que quien va perdiendo utilice todos los resortes a su alcance, desde el BOE a la búsqueda de acuerdos. La última oleada de encuetas muestran a un Partido Popular en primera posición que se despega del PSOE y que puede alcanzar la mayoría absoluta junto con Vox, decidido a entrar en un futuro gobierno.
Si algo no soportan los electores son las batallas internas o el incumplimiento de los compromisos y el gobierno de coalición se ve afectado por ambas situaciones de tal forma que la suma de PSOE e Unidas supera a la de los dos partidos de la derecha. El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez está atado por el compromiso del cumplimiento del pacto que está en su origen, en el que se firmaron una serie de compromisos inexcusables para derogar las leyes de carácter más conservador del gobierno de Mariano Rajoy, cuyo cumplimiento está en el origen de todos los enfrenamientos entre socialistas y morados dentro y fuera de la mesa del Consejo de Ministros.
Sin duda la mejor forma de recuperar la estabilidad, de que el gobierno deje de ser una jaula de grillos, es el cumplimiento cuanto antes de los compromisos adquiridos y que son el campo de batalla de todos los enfrentamientos. El riesgo para los socialistas es que los morados traten de apuntarse todas las reformas de carácter progresista en las que los socialistas arrastran los pies y más desde que se ha hecho patente su giro hacia la socialdemocracia. En principio parece que el debate sobre la reforma laboral comienza a encauzarse con Pedro Sánchez en función de árbitro, aunque 'casero' en favor de Nadia Calviño.
Sin acabarse los ecos de este conflicto, la derogación de la 'ley mordaza' ha entrado en juego. Los socios de Sánchez le piden que dejen de prorrogar los plazos de enmienda y comience la tramitación parlamentaria. Una vez más chocan dos concepciones en los asuntos más delicados –una más progresista y otra más conservadora- que es preciso conciliar para poner sordina al espectáculo de la confrontación en el Gobierno, al menos hasta que el debate parlamentario vuelva a hacer aflorar las diferencias. Es lo que ocurrirá en la tramitación de la Ley de Vivienda.
NI tan siquiera el cumplimiento de los acuerdos del pacto de gobierno garantiza una etapa de tranquilidad, y las diferencias se harán más acusadas en la medida que se acerca el fin de la legislatura –se adelante o no- en la que Unidas Podemos tratará de situar al PSOE frente a sus contradicciones, entre el pragmatismo de partido de Estado y su izquierdismo, que en ningún caso alcanzará las cotas de Unidas Podemos.
El tiempo ha comenzado a correr muy deprisa para el PSOE con una primera estación a final de año donde deben haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, y si no ocurre perder fondos de recuperación. La segunda es la posible convocatoria electoral en algunas comunidades gobernadas por el PP, para mantener el impulso del 4-M madrileño, con el PSOE a la baja.