El proceso centralizador de la nación española, que se inició con la llegada de los Borbones y la implantación de los Decretos de Nueva Planta, y que tuvo su culminación con la instauración del Estado Liberal en el siglo XIX, comenzó a revertirse con la creación del Estado de las Autonomías que nació de la Constitución del 78. A pesar de las críticas crecientes que se han venido haciendo a este sistema de organización administrativa, creo que el balance ha sido positivo contribuyendo a una de las etapas de mayor desarrollo de nuestra historia reciente, aunque no podamos obviar algunos excesos y desajustes que evidentemente se han producido.
Cuando Felipe II decidió establecer la capital de la Monarquía Hispánica en 1561 en Madrid, lograba convertir lo que hasta ese momento había sido un simple 'poblachón' en una gran metrópoli que, aunque no acabaría por configurar una faz de ciudad 'a la europea' hasta la época borbónica, creció exponencialmente en las décadas siguientes. Y desde entonces no ha hecho más que multiplicarse.
Cuando hoy se habla del 'milagro económico de Madrid' y trata de ser atribuido a determinadas acciones políticas no puedo por menos que imaginarme qué sería de esa gran y maravillosa ciudad si no fuera la capital de nuestro país y por consiguiente no estuvieran instaladas en ella las más importantes instituciones del Estado, en torno a las cuales han crecido sin parar las infraestructuras y servicios públicos. Por ello, quizá no sean descabellados los proyectos de generar una segunda y ordenada descentralización estatal que traslade a otros puntos de nuestra geografía instituciones y organismos que, en el nuevo mundo de las comunicaciones y las tecnologías, no tienen que ser más inoperantes en otros lugares que en Madrid. Quizá sea bueno repensar el centralismo radiocéntrico que nos caracteriza para planificar nuevos sistemas de articulación administrativa que pueden contribuir a paliar el vacío demográfico que define a buena parte de nuestros territorios en vías de despoblación. Habrá que estar atentos y nuestros políticos deberán actuar con amplitud de miras pues esto podría ser el inicio de solución de los graves problemas poblaciones que definen a comunidades como Castilla y León.