El derecho a la vivienda es, efectivamente, exigencia constitucional pero no puede ser un ariete para derribar puertas y tratar de apropiarse de casa ajena. Lo que no es de recibo además es que, al final, sea la ciudadanía la que pague los platos rotos. El aumento de okupaciones es producto de la crisis provocada por la pandemia, pero también del fracaso y la inoperancia de las políticas sociales de acceso a la vivienda y a los alquileres baratos. La situación se complica para los propietarios afectados. En muchos casos, más de los que parece, no se trata de bancos ni fondos buitre… sino de personas, de particulares que ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo adquirir una segunda vivienda. Ellos son los más damnificados. El día en que los okupas entren a saco el casoplón habitual de algún político de renombre o el chalé veraniego de un señero líder partidario se empezará a resolver parte de este problema en el plano social y también en el judicial, que es otra de las aristas. La inseguridad jurídica es evidente, también la quiebra de la convivencia.

Igualar por el mismo rasero a los autores de estos delitos sería injusto. Las mafias que operan entre los inmigrantes y los falsos sintecho campan por sus fueros con total impunidad, la misma que, al final, protege al okupa que solo acredita unas llaves supuestamente compradas a no se sabe quién. Unos y otros saben gramática parda y sino siempre hay quien les asesora y muy bien para aprovecharse de las lagunas legales. Tienen claro que al final, en el peor de los casos, tendrán techo gratis durante un año mientras se resuelve el litigio. Los legisladores, primero,y los jueces, después, tienen que poner coto a tanto desafuero. A partir de ahí, trabajar en serio en esas políticas sociales urgentes que den soluciones habitacionales a los que verdaderamente menos recursos tienen.