El director de una residencia de ancianos de la capital me comentaba hace unos días que uno de los usuarios había roto las gafas adrede para conseguir que le llevaran a la óptica y, así, poder salir por fin a la calle. Es un ejemplo dramático de la realidad que se está viviendo en los geriátricos, donde son muchos quienes no comprenden por qué, ahora que están vacunados, las autoridades sanitarias siguen sin equiparar sus derechos a los de cualquier otra persona de su edad, pero que vive en su casa. Porque ese es el tema ahora, que a un grupo de población se le está privando desde hace un año de un derecho fundamental, aparentemente por razón de edad y del tipo de vivienda que habitan. ¿Hasta qué punto está legitimado esto?

Es indiscutible que en marzo de 2020 no había muchas más alternativas al encierro generalizado y, aún así, los ancianos de las residencias llevaron la peor parte. Más controvertidas, en cambio, pueden ser las medidas que se adoptaron en verano, cuando, antes de acotar los focos de contagio -concentrados en las franjas de edad de menores de 40 años- se decidió que si en un municipio había brotes, las residencias se cerraban. ¿Era prevención o lo más cómodo?

Tras un otoño complicadísimo, la vacunación representaba el final de la pesadilla. Pero no. Con las dos dosis inoculadas desde hace más de un mes, siguen sin autorizarse las salidas para pasear, beneficiarse del sol y del aire libre. De nada sirve que en las residencias adviertan del riesgo creciente de brotes psicóticos y de un deterioro quizá irrecuperable para muchos, así que algunas han decidido, por su cuenta, permitirlas. La pregunta es a qué espera la autoridad sanitaria, porque el virus no va a desaparecer. Y el encierro indefinido, además de ilegal, no parece solución. A este paso, perderán la inmunidad adquirida sin haber pisado la calle.