Los diputados de PP y PSOE por Burgos protagonizaron ayer el enésimo asalto de la pelea que siempre han mantenido alrededor de la central de Santa María de Garoña. El asunto siempre ha sido muy aprovechado para sacar pecho o criticar al contrario y ha dado cientos de titulares. No me atrevo a decir miles, aunque podrían ser. Pero la realidad es que la casa sigue sin barrer y el entorno de la planta nuclear ha perdido ya muchas esperanzas de ver compensado el cierre de este gran centro de trabajo, del que se han ido más de 500 trabajadores desde que se apagara su reactor en diciembre de 2012. 
Los políticos se siguen peleando mientras el paro crece y el censo de empadronados se desploma. Ellos a lo suyo, los de aquí a lo nuestro, a sobrevivir. Se reprochan la tardanza en llegar del protocolo y futuro convenio para la transición justa. En cristiano, dinero para invertir y promover infraestructuras o potenciar la llegada de inversores que quieran proporcionar alternativas laborales en un entorno que dependió durante 40 años de una potente industria nuclear.
Cuando en 2011, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ratificó el cierre de la central nuclear en 2013 ya podían haber empezado a poner los pilares de un plan estratégico para apoyar al entorno. Ya lo decía entonces el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González, siempre partidario de poner medios antes incluso de que se detuviera el reactor. Pero nadie escuchó y seguimos sin atisbar soluciones, aunque en breve habrá un bonito documento de intenciones. La pregunta del millón es cuando pasaremos de las palabras a los hechos, porque fiar el futuro laboral del entorno a las tareas de desmantelamiento es pan para hoy y hambre para mañana.