Si el gobierno de España continúa adelante con su propósito de descentralizar los organismos públicos entre las diversas comunidades autónomas -superando el diseño centralista y radial de origen napoleónico- habría que plantearse lo mismo en esas mismas comunidades con respecto a las provincias.

Tendría muchas ventajas, la más importante reforzar el sentido de comunidad, que siempre hemos echado de menos aquí. Otra ventaja no pequeña sería la influencia positiva que tendría la incardinación de funcionarios en las diversas provincias.

El hecho de que la Comunidad no tenga capital -Valladolid no es la capital de Castilla y León- favorece este reparto. Es más, quizá la Consejería de Presidencia y las Cortes podrían rotar estableciendo cada año su sede en una capital, como en la época de los Reyes Católicos: corte itinerante. 

¿Inconvenientes? Se ha argumentado que la dispersión dificultaría las reuniones entre personal de diversas consejerías, pero eso, como consecuencia en parte de la pandemia -no todo va a ser malo-, está ya superado gracias a las diversas plataformas que te permiten convocar videoconferencias sin moverte de tu despacho.

El único inconveniente serio lo constituye el desplazamiento de funcionarios, pero no tiene por qué ser una dificultad insalvable: los que viven en Valladolid -que será la inmensa mayoría- están a máximo hora y media de cualquier capital, excepto Soria. Poco a poco, en el futuro, las nuevas incorporaciones se irían instalando en la ciudad sede de la correspondiente Consejería. 

Todos pagamos impuestos por igual y todos tenemos derecho a que se repartan los beneficios de esos impuestos, entre ellos, lo que aportan los empleados públicos viviendo en un determinado territorio.

Si los partidos mayoritarios quieren esquivar el roto que les va a hacer la plataforma de la España Vaciada, tienen que reaccionar. Esto es una propuesta concreta. Lo demás son reuniones, observatorios y, eso sí, comidas.