Como dice la publicidad de una multinacional, no somos tontos, aunque el gobierno parece creerlo. Pillar en falta al ministro de Interior e iniciar de inmediato una campaña de comunicación para salvar la piel a Grande Marlaska ha sido uno. Pero la campaña se caía por sí sola, por burda, por incongruente y porque no había quien la creyera, como ocurrió con el pacto con Bildu, que Moncloa intentó rebatir echando la culpa al PP de un acuerdo innoble.
La campaña para justificar la decisión injustificable del ministro se organizó en torno a tres frentes. Uno, que el polémico informe de la guardia civil era de tal pobreza y tan cargada de errores, que obligaba a destituir a quien se consideraba su responsable, el coronel Pérez de los Cobos. Dos, poner en cuestión la biografía de la juez Rodríguez Medel, hija y hermana de guardias civiles. Y tres, que el relevo de Pérez de los Cobos formaba parte de una remodelación que es habitual en los organismos públicos.
Es evidente que el gabinete de Moncloa está perdiendo facultades, porque los tres argumentos se caen por su propio peso. Si el informe era tan pobre y tan plagado de errores, no tenía que preocupar tanto como para cesar de manera fulminante al coronel, porque sería desmantelado fácilmente por los defensores del delegado del gobierno de Madrid, contra el que se había presentado la denuncia por prevaricación. Insinuar que la jueza es cercana al PP se contradice con su conocida dedicación a investigar causas relevantes, alguna de ellas que implicaban a destacados personajes del PP y, tercero, si se trataba de un relevo convencional, no se comprende que no se anunciara el cese de Pérez de los Cobos al mismo tiempo que el nombre de su sustituto, como es habitual.
Tomándonos siempre por tontos, por crédulos, por ingenuos sin remisión, el gobierno ha vendido que la equiparación de salarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaba prevista y “coincidió” con la fecha del escándalo que ha provocado el cese del coronel de la guardia civil. La equiparación viene de tiempos de Rajoy, y tenía que hacerse en tres fases. La asumió el gobierno de Sánchez, que hizo efectiva las dos primeras fases; la tercera, que debía aplicarse a partir del pasado 1 de enero, estaba aplazada “sine die”.
Este gobierno, y cualquier gobierno, hace lo que le da la gana y cuando le da la gana, en su derecho está siempre que se atenga a la ley. Pero no tiene derecho en cambio a hacer comulgar a los españoles con ruedas de molino. Como no tiene derecho a mentir, engañar, tergiversar, o buscar argumentos falsos para intentar justificar una decisión que no hay por dónde cogerla.
Es una pena que Marlaska, tan ejemplar juez en su lucha contra el terrorismo sin someterse a presiones del gobierno – que las tuvo- salga tan tocado de esta triste peripecia política.