Vamos con una de "fray ejemplo", que es el mejor predicador: la Diputación de Valladolid le va a regalar tres millones de euros a los ayuntamientos de la provincia bajo su jurisdicción subvencionable (que no son todos) para que puedan pagar la luz. Para ello va a pedir un crédito que pagaremos de un modo u otro todos los ciudadanos, gasten o no luz en un pueblo. Pues este ejemplo ponganlo "ene" veces en el multiplicador y les sale la puñetera cuenta: España tiene peores datos de inflación que Europa en promedio. ¿La guerra? Pues mire, también son peores los de la inflación subyacente, que no es volátil.

Aquí el gasto público no baja ni de coña. Es cierto que algunas administraciones se esfuerzan por bajar impuestos. Así, resulta una excelente noticia la propuesta de reducción del IRPF que ha planteado Fernández Mañueco, un alivio conveniente para unas familias exhaustas. Pero las posibilidades de una administración autonómica o local son muy escasas. La estrategia tributaria la marca el estado y de él depende una redefinición de los ingresos por impuestos.

Dicen los economistas que nuestra economía tiene más inflación y más paro que sus comparables europeos porque somos menos competitivos. Y lo somos en buena medida porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los ciudadanos somos una máquina de pagar: IVA, IRPF, cotizaciones, impuestos municipales, impuestos especiales… La pregunta es: ¿está en precio el sector público? Sabido es que en una transacción, precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. ¿La percepción del ciudadano es que los retornos valen lo que cuestan?

La inflación general registró ayer el mayor incremento desde 1977 y la subyacente es la más alta desde la crisis financiera. El Gobierno seguirá acomodando el ingreso al gasto. Y seguiremos bramando en el desierto.