Las líneas rojas son las que marcan la frontera entre los principios y la falta de moralidad, entre la defensa de la Ley y la Constitución y el desacato. Ningún gobierno se había atrevido a traspasarlas, hasta que Pedro Sánchez lo ha hecho sin que se le mueva un músculo de la cara. Y que no se carguen las tintas contra Pablo Iglesias, porque antes de entrar en el gobierno ya no existían esas líneas para los dirigentes de Podemos: es Sánchez el responsable de que hoy haya motivos sobrados para avergonzarse de un gobierno al que en cualquier país democrático le habrían parado los pies.

No autorizar al Rey a presidir un acto en Cataluña no es inconstitucional, pero sí se trata de una decisión de extrema gravedad porque demuestra que este gobierno - todos, incluidos los ministros silentes que tenían una meritoria trayectoria- cooperan en el objetivo que públicamente adelantó Iglesias hace pocos días: la república. Lo que sería absolutamente ilegal porque la Constitución es la primera ley que debe cumplir un gobierno democrático. Hasta los dictadores latinoamericanos que tanto admira Iglesias promovieron reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, no lo hicieron por las bravas.

El gobierno justifica la no presencia del Rey en un acto judicial que habitualmente presidía en Barcelona, con el argumento de que no podía garantizar su seguridad. Si un gobierno no puede garantizar la presencia del Jefe del Estado en cualquier lugar del territorio, que dimita, que se vaya. Es una excusa que no ha creído nadie, una mentira más, un engaño con todas las letras. La no autorización al Rey estaba basada en el interés de de Sánchez y su equipo de contentar a los independentistas, lo que llevan haciendo mucho tiempo. La prueba del nueve es que la semana que viene llevan al Congreso una iniciativa para promover el indulto de los condenados por sedición. Otra prueba más: Torra se ha encontrado tan fortalecido con la decisión de Sánchez de no autorizar el viaje del Rey a Cataluña, y se ha negado a declarar sobre su presunto segundo delito por desobediencia, alegando que no reconoce a un tribunal español.

Nunca España ha atravesado una situación tan grave en lo sanitario y en lo económico, pero más grave todavía es el asalto que se ha hecho desde el gobierno a las instituciones del Estado, ocupándolas con personas afines para manejar todos los resortes del poder. Ahora, sin pudor, pretenden también cortar el espacio de actuación del Jefe del Estado. Que nunca puede actuar sin la conformidad del gobierno, pero que, hasta ahora, jamás se le había visto cómo el gobierno cancelaba un acto presidido por él, como figuraba en la propia invitación al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

El gobierno se ha saltado líneas rojas que nunca tendrían que traspasar los que están obligados a garantizar más que nadie el respeto al texto constitucional.