Nuevos impuestos al diésel y a las emisiones, más limitaciones al tráfico rodado por el casco urbano, nueva prohibición de circular a más de 30 kilómetros/hora por las vías urbanas de un solo carril, aparcamientos públicos y privados cada día más limitados en número y mucho más caros... Y todo esto está muy bien, la nueva movilidad y el respeto al medio ambiente y la salud marcan nuestro tiempo y, además, algo tenía que cambiar porque respiramos tubos de escape, morimos de contaminación y la vida en las ciudades es más peligrosa que nunca por los accidentes. 
Dicho esto, me pregunto por el impacto que tal cantidad de mensajes y actuaciones tiene sobre la industria del automóvil y su futuro, sobre su repercusión -yendo a lo más concreto- en una economía como la burgalesa, cuya prosperidad descansa en buena medida en el negocio de fabricar componentes para el automóvil (neumáticos, techos, salpicaderos, chasis, frenos, barras de seguridad, iluminación, baterías...). El día en que la gente dude a la hora de comprar un coche porque no lo va a poder usar a su gusto -algo que parece más próximo de lo que creíamos viendo las prioridades de las nuevas generaciones- empezarán a temblar los cimientos de una industria que genera miles de puestos de trabajo y de salarios razonables en Burgos, tanto en labores de producción como de comercialización. Y es que, como ocurrió en la crisis del diésel, en la que el Gobierno se empeñó en enterrar de sopetón este tipo de combustible, el riesgo es que los mensajes, las penalizaciones fiscales o las señales de prohibición vayan por delante de la industria y la dejen sin alternativa. Nos guste o no, la fabricación de un coche también hace ciudad -Burgos es un ejemplo- y ambas realidades tienen que evolucionar juntas y no pisarse.