Las grandes crisis se ceban siempre en los más débiles. Ocurrió en la financiera de hace una década y se repite ahora con las consecuencias que la emergencia sanitaria ha causado en la economía y la sociedad. Crecen las desigualdades, y el parón económico ha provocado ya que muchas familias que se han quedado sin ingresos, por el cese de sus empresas y el retraso al cobrar las prestaciones, se vean obligadas a recurrir a ayudas sociales como los comedores de organizaciones caritativas y los bancos de alimentos. Desde la nómina que se cobró el último día de febrero las cuentas bancarias no han recibido más que cargos que ponen en números rojos la economía de cualquiera.
En este contexto no deja de sorprender la polémica de la distribución de menús de varias empresas muy conocidas a escolares de familias que cobran la Renta Mínima de Inserción en comunidades como Madrid. Lo que en un principio fue decidido y entendido como una solución de emergencia, algo lúdica además, para los primeros días del confinamiento, había sido autorizado por el Ministerio de Sanidad antes de que se descubriera en esto un filón partidista para desgastar al adversario político, que había concitado las capacidades de varias firmas para paliar en una pequeña medida esas dificultades en los hogares más necesitados. Pero llegó el búfalo blanco de la política y arrasó con la iniciativa.
Lo que no les gusta a los siempre denunciantes son los menús de “comida basura” de Telepizza, Rodilla y Viena, que cientos de miles de clientes consumen semanalmente. Sobre todo los fines de semana de la época en la que había libertad para moverse. Jóvenes y mayores acudían encantados a intoxicarse a sus establecimientos, ignorantes de que estaban siendo objeto de algo así como un intento de homicidio por ingesta de unos alimentos que la corrección social quiere desterrar, en ese afán constante y perseverante de que se coma, se diga, se piense y se actúe como sus apóstoles ordenen.
Los menús de comida rápida no son la dieta mediterránea, pero se entiende que tampoco son la base de la alimentación para nadie. Y quienes los elaboran han pasado por los rigurosos controles sanitarios y nutricionales que impone la sociedad de consumo en la que vivimos. En el paraíso al que aspiran los de la “política rápida”, estas tres empresas serían clausuradas y todos sus empleados podrían entonces ser despedidos y disfrutar del sueño eterno de una prestación pública. Estas tres empresas deberán preguntarse qué clase de medios de comunicación y qué clase de partidos políticos funcionan aquí, que utilizan su esfuerzo y su solidaridad para atacar de forma lamentable a sus adversarios ideológicos y parlamentarios.