Partiendo del hecho irrefutable de que votar no es una obligación, sino un derecho, suena cuanto menos extraña esa advertencia del Gobierno catalán de que quizá los resultados electorales se den a conocer otro día, en lugar de la noche electoral como es habitual. Y como motivo, el Ejecutivo de la Generalitat argumenta la posibilidad de que no se constituyan muchas mesas de votación el domingo tras la oleada de impugnaciones de los electores llamados a ser miembros de las mismas. Pero aún es peor la confirmación por parte del secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep María Argimon, quien acaba de cifrar en unas 14.000 personas positivas por Covid las que podrán participar el domingo en los comicios. Y por si quedaba alguna duda, el propio responsable de Salud apostilla: “Sería mejor que se quedaran en casa, pero tienen igualmente derecho a votar”. Así que háganse a la idea de lo que va a pasar a partir del lunes a raíz de este nuevo y mayúsculo despropósito político.

Se confirma así la enfermiza querencia de los políticos, en este caso de los catalanes, por anteponer los intereses partidistas a los generales, máxime cuando lo que está en juego es la salud de los ciudadanos. Incomprensible. Habrá que poner en cuarentena (nunca mejor dicho) la decisión de una convocatoria inoportuna por el preocupante escenario de pandemia que sufrimos. Una cita electoral que, a priori, y si las expectativas de baja participación se cumplen, beneficiará más a los partidos independistas y más pequeños. Si había alguna duda al respecto, ahí tienen a la CUP advirtiendo que el 14-F “es un plebiscito dentro del independentismo”, lo que corrobora que ellos siguen a lo suyo: la declaración de la república catalana por la vía unilateral. Sea como fuere, y espero sinceramente equivocarme, el posible rebrote de contagios en esa comunidad autónoma a partir del domingo no va a dejar a algunos con las conciencias muy tranquilas. Y eso no tiene premio ni en las urnas.