Son tiempos de diálogo, reflexión y de toma de decisiones para que la clase política comience a responder a diferentes cuestiones, algunas planteadas por ellos y otras por los ciudadanos. Es entonces, cuando uno se pregunta: ¿ha ayudado el Estado a la gestión a las autonomías?, ¿ha ayudado la estructura de la España Autonómica a gestionar la pandemia? Para dar una solución, lo primero que tendríamos que saber, es si el problema proviene del diseño del sistema o de los individuos que ocupan los puestos de dirección. Difícil pregunta cuando después de 109 años del hundimiento del Titanic, no se ha determinado si las pérdidas de vidas se debieron a errores del Capitán o a la falta de botes. Esta descentralización hizo que, en las semanas iniciales de marzo, el Gobierno asumiera el control de la crisis desde un Ministerio de Sanidad escaso de competencia, de personal, de preparación y con falta de dirección continuada, tras haber tenido cuatro ministros en los cuatro últimos años. Esto trajo pérdidas de tiempo en la gestión de medios materiales y en la carencia de recursos.
La descentralización ha dado lugar, a una evasión de responsabilidad, falta de dirección y coordinación del Gobierno con las CCAA. Cada uno ha actuado con total independencia, para intentar dar solución a todos aquellos problemas que nadie resolvía. Esta manera de interactuar consiguió que unas comunidades autónomas obtuvieran más mascarillas, más respiradores, más vacunas y más libertad de movimientos que otras, frente a la paciencia de los ciudadanos. Por lo tanto, la lógica del tiempo pasado nos lleva a opinar que hay algo que aprender y es que, si no queremos volver a ser arrollados por la ausencia de toma de decisiones ante una crisis, debemos poner en marcha los principios de libertad, igualdad y solidaridad, bases de la estabilidad y prosperidad en las democracias occidentales. Y ser consecuente con la investigación, parte importante del futuro de la vida. 
Por mucho que duelan estas palabras escritas no hay otra solución que llevar a cabo reformas estructurales de amplio espectro (sanitarias, económicas, sociales y políticas) que desemboquen en un nuevo orden, que ha de ser necesariamente sostenible, equilibrado y solidario. Hay que recomponer los destrozos de la pandemia entre el estado y las autonomías y dar un nuevo futuro al presente de este país.