Ni un nuevo episodio de la lucha cainita que tantas veces ha ocupado la historia de España, ni reescritura del pasado por los perdedores, ni revisión de la Transición, sino un nuevo intento de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista y de los excesos que se cometieron en la lucha contra el terrorismo por los que nuestro país ha sido sancionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el debate sobre la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática que ha comenzado en el Congreso hay muchas consideraciones y argumentos que no casan con la realidad y que obedecen a posiciones atávicas y a que no se ha superado el franquismo sociológico, más que al deseo y la necesidad de cerrar un episodio trágico.
En el transcurso del periodo democrático que se vive desde la muerte de Franco han sido muchos los procesos de reconocimiento sobre todo económico de las víctimas del franquismo, pero queda la reparación moral definitiva y la búsqueda de los enterrados en las cunetas y fosas comunes. Este asunto no afecta en la misma medida a quienes resultaron vencedores en la Guerra Civil, que tuvieron desde ese momento la posibilidad de recuperar y honrar a sus muertos y que no hay por qué negar a las otras víctimas.
Por eso, algo no cuadra en la oposición a esta ley. Se dice que ataca la esencia de la Transición, cuando precisamente la elogia y reconoce todos los gestos realizados para la reparación de las víctimas; se dice que ataca a la Ley de Amnistía de 1977 cuando la considera un punto de inflexión en la recuperación de la democracia y uno de los socios parlamentarios del Gobierno, ERC, no está dispuesto a apoyarla porque no se deroga y la considera una ley de punto final.
Tampoco cuadra que aquellos que denunciaron la guerra sucia del gobierno de Felipe González en la lucha contra ETA y le señalaron como 'la X d los Gal' sean ahora quienes se oponen a la reparación de esas víctimas y critican que la ley salga adelante con el apoyo de EH Bildu, de tal manera que parece que le interesan menos las víctimas que reprender a los gobiernos socialistas. Y cuando se cumple el vigésimo quinto aniversario de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y del asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que fueron el punto de inflexión que precipitó el declive político y operativo de ETA, afirmar que los proetarras podrán reescribir también la historia de su derrota es pensar que pueden engañar a la ciudadanía sobre como acabó ETA: un éxito colectivo.
Que se afirme que la ley activa mecanismos de odio cuando las posibilidades de que se reabran juicios por hechos del franquismo son mínimas no se atiene a la verdad, y en nada contribuirá a cerrar este capítulo si se derogara la ley en el momento en que los partidos conservadores lleguen al gobierno, o que sea sustituida por una "Ley de concordia", como quería Pablo Casado, de la que no se tenía noticia de su contenido. Harían bien estos partidos en dialogar con sus pares alemanes e italianos sobre como superaron los traumas del nazismo y el fascismo y cerraron las heridas que los partidos de ultraderecha de ambos países están dispuestos a reabrir. El PP ha repudiado el franquismo en el Congreso en varias ocasiones, pero en muchas más se ha opuesto a la materialización práctica de esa condena.