Parece que, a la chita callando, la implantación del 5G en nuestro país va viento en popa. Hace unos meses, el Observatorio Europeo en la materia ponía a España a la cabeza en el despliegue de esta tecnología y, recientemente, una conocida empresa de telefonía anunciaba que esta red estará disponible para sus clientes en quince ciudades españolas a partir del presente mes. Pero ¿qué sabemos de la quinta generación de telefonía móvil, más allá de que permite trasmitir y recibir datos rapidísimo? ¿La exposición a las radiaciones que emiten los potentes y muy numerosos repetidores que necesita para funcionar, puede tener repercusión sobre la salud humana y el medioambiente?
Son algunas preguntas que nos hacemos muchos y no encontramos respuestas porque, al menos en nuestro país, al contrario que sucede en otros, no se ha generado ningún debate científico ni público, o al menos eso parece si solo nos informamos a través de los medios de comunicación donde todo son parabienes y descripción de ventajas. Por supuesto, las compañías de telefonía presentan informes hechos a medida y desmienten los posibles efectos adversos escudándose en que no existen pruebas que demuestren que afecta negativamente a la salud. Por el contrario, hace años que la OMS señala a los campos electromagnéticos de la frecuencia usada por la telefonía móvil como posibles cancerígenos y cada vez más científicos alertan sobre el 5G como un riesgo importante para la piel, los ojos y otros sistemas del interior del cuerpo humano, así como para las plantas, los insectos polinizadores y otros anímales, algo que convendría investigar más a fondo. Algunos países han tomado buena nota de ello y han detenido su implantación, el caso más llamativo es el de Suiza que, pese a estar a la vanguardia, ha establecido una moratoria indefinida hasta tener más datos. En otros países como Francia, Bélgica o Gran Bretaña existe una gran contestación popular en contra, fruto de una mayor y mejor información de la que contamos nosotros, lo cual hace surgir una nueva pregunta: ¿dónde están y cuál es el papel que desempeñan los organismos que deben velar por los intereses y los derechos de los ciudadanos? La respuesta que se intuye no tranquiliza mucho.