Con la llegada del verano, como si de una rito se tratase, se inicia todos los años el operativo de prevención y extinción de incendios en Castilla y León y también en Burgos. Loable esfuerzo, sin duda, concentrando personal, medios e inversión en tres meses de verano. Seguimos tropezando una y otra vez en la misma piedra y es que de suyo los incendios forestales, dicen los sabios, se apagan en invierno. Es un tópico, sí, pero es de esos que tienen fundamento. 
Es cierto que este año la pandemia de coronavirus ha complicado el desarrollo de cualquier esfuerzo preventivo en marzo, abril, mayo o junio, pero aún hay tiempo para reducir el impacto. No hemos llegado aún al estadio crítico, pero hay que actuar con celeridad y hacerlo de forma coordinada entre las administraciones y con una mayor implicación de la sociedad.
La despoblación del medio rural, la caída en picado de la ganadería extensiva de ovino, caprino y vacuno y el abandono de ancestrales prácticas silvícolas, entre otros motivos, han provocado que la masa forestal en esta provincia esté abandonada desde hace décadas a su suerte. No es el único problema. Seguimos sin invertir en prevención para dejar los ecosistemas forestales preparados para el verano, tampoco los espacios agrarios, viarios y urbanos. Solares de cascos urbanos, cunetas de carreteras, caminos y veredas… se han convertido en peligrosas mechas por la concentración de malas hierbas, brozas y malezas. Un descuido, un rayo o una llama criminal puede acabar no solo calcinando montes o tierras de labor sino también afectando trágicamente a núcleos urbanos. 
En un momento como este de crisis y falta de trabajo, con ayudas y subvenciones para casi todo, no se entiende que no se haya puesto en marcha un plan de mantenimiento forestal y del medio rural. Se trata de evitar que los altísimos costes económicos de las campañas, cuando no la pérdida de vidas humanas. 
La mala gestión es aquella que trata de ahorrar un céntimo en prevención y luego se van los millones de euros en gastos.