Quizás sea más políticamente correcto, titular malpagados y malpagadas. Pero una aplastante mayoría son mujeres. Así que insisto en malpagadas. ¿Quiénes? Las auxiliares de enfermería o gerocultoras que cuidan de nuestros abuelos, en la mayoría de las residencias privadas, porque en las públicas ya están las administraciones -Diputación, Junta de Castilla y León y ayuntamientos- para compensar la balanza de ingresos y gastos con dinero de los contribuyentes y todo va como la seda y el salario es bueno y digno.

Pero vayamos a las privadas. Antes de que se impusiese el Salario Mínimo Interprofesional que en 2022 es de 14.000 euros brutos al año, que después de impuestos y aportaciones varias se quedan en poco más de 900 al mes con 14 pagas, sé de personas que han cobrado poco más de 800 euros. Trabajar para ser pobre es lamentable pero más aún, si se trata del cuidado de nuestros mayores, que se lo merecen todo y más. La solución no sé cuál es porque muchos de estos geriátricos compiten con unas tarifas muy ajustadas. En la vecina comunidad del País Vasco, los precios se disparan respecto de Merindades, pero el salario de sus plantillas está muy por encima. Quizás, la sociedad ha de concienciarse de que cuidar de sus mayores debe ser mucho más caro y, como miles de familias no se lo pueden permitir, nuestro gobierno autonómico, competente en la materia, debe de crear muchas más plazas públicas adaptadas a las rentas de los castellanoleoneses o concertarlas en los centros privados y permitir que estas empresas y sus trabajadoras subsistan con dignidad.

Y no solo las auxiliares están malpagadas, sino incluso las directoras de estos centros, que tienen aceptar ofertas -visto por mis ojos- de 24.000 euros anuales brutos (1.350 euros mensuales netos) por hacerse cargo de todo lo que ocurra al medio centenar de residentes de su centro y su plantilla.