Los socios de la coalición de gobierno han llegado a un acuerdo sobre las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la nueva Ley de la Vivienda. De las cuentas públicas no sabemos gran cosa, a pesar de que el Gobierno ha sobrepasado ya el plazo constitucional para su presentación en el Congreso de los Diputados que terminó el 30 de septiembre. Sí sabemos que las modificaciones en el asunto de la vivienda era condición imprescindible para que Podemos no pusiera pegas a los PGE. Nada tiene que ver una cosa con otra, pero así funciona esta coalición que más parece en muchas ocasiones que lidera Yolanda Díaz y no Pedro Sánchez.
Queda claro una vez más que a Sánchez le da todo absolutamente igual con tal de seguir en La Moncloa. Lo que ayer negociaron y remataron ambos socios de gobierno es lo peor que le podría pasar al estado de derecho, a la propiedad privada y al propio mercado de la vivienda. Limitar los precios, las subidas de los alquileres, penalizar los pisos vacíos se ha puesto de una u otra forma en marcha en varios lugares de España y Europa.
El resultado ha sido un fracaso absoluto. Incluso en Alemania se pronunció en contra el Tribunal Constitucional. Con estas limitaciones se quiere proteger al alquilado y aumentar el parque de viviendas en alquiler y que éste sea más barato. Pero, lo que realmente se consigue, según se ha comprobado ya en ciudades como Barcelona, Berlín y otras del norte de Europa, es que salen al mercado menos viviendas, los precios no solo no bajan sino que suben al haber menos inmuebles, se fomenta la economía sumergida y la posibilidad de encontrar un piso en alquiler se cuenta en años. De hecho, hace apenas unos días, la titular de Transportes aseguraba que no iban a pactar medidas de ese tipo porque se han demostrado fracasadas allí donde se han implantado. Pues dicho y hecho. Son malas y fracasadas, pues las ponemos en marcha porque Díaz nos lo exige para aprobar los Presupuestos y con ello damos un paso de gigante para que siga la legislatura.
Es bastante dramático observar un día sí y otro también cómo Pedro Sánchez ataca la libertad, la seguridad jurídica y lo que haga falta para permanecer en el cargo. Desde luego si este proyecto acaba en Ley será cuestión de tiempo comprobar el desastre en que van a convertir el mercado del alquiler en España. También habrá que estar atento a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, se constatará una vez más que Sánchez es rehén de Podemos hasta extremos insospechados.
Lo comprobaremos también con las cuentas públicas para el año próximo y con la reforma laboral y la de pensiones, como ya lo hemos visto en el caso de la subida del SMI y de los impuestos, cosa que no iba a ocurrir según la vicepresidenta económica hasta que la economía se recuperara de la devastación provocada por el coronavirus. Al final, todos los ministros socialistas se están comiendo cada día sus palabras. Poco le ha importado a Sánchez dejar al pie de los caballos a Nadia Calviño, José Luis Escrivá o Raquel Sánchez.
Al final se hace lo que pida su socio, ese que no le permitiría dormir tranquilo. Y veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente para obtener el resto de votos necesarios para que salgan adelante estos proyectos en el Congreso de los Diputados. La recuperación económica se ha estancado al tiempo que los palos en la rueda a empresas, autónomos y familias van aumentando con la energía por las nubes y la cesta de la compra desbocada.