En su intento por quitarse el sambenito de ser el partido que bloqueaba la renovación de las instituciones constitucionales, el PP no ha hecho sino confirmar que era quien impedía que se produjera un cambio que llevaba pendiente años en algunos casos y, en efecto, sigue bloqueando la renovación del CGPJ que ha quedado fuera de este grupo de instituciones que necesitan la puesta al día de sus miembros. Nada más producirse la oferta de Pablo Casado el acuerdo ha sido posible en dos días.  

Bienvenida sea la renovación del TC, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Protección de Datos, que debe dar pie a que se acometa la del órgano de Gobierno de los jueces, que es la mollar por el poder que acumula. A la vista ha quedado que el PP ha jugado con ánimo ventajista e interés partidista en todo este movimiento, un golpe de efecto que le deja en evidencia, aunque haya quien considere que ese manejo de los tiempos y del calendario le devuelve la vitola de la institucionalidad y de partido de Estado que cumple con los compromisos. Pero esto no va de golpes de efecto sino de cumplir con la legalidad en tiempo y forma y de respetar y hacer respetar las instituciones. El cumplimiento de la Constitución no es una cuestión de voluntad, que es el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía, sino una obligación. Y si incluso en el PP reconocen que se estaba produciendo un debilitamiento de las instituciones nada mejor que resolver el bloqueo del gobierno del tercer poder del Estado.   

A falta de conocer los nombres de quienes ocuparán los puestos renovados, el Defensor del Pueblo será designado por el Gobierno –Ángel Gabilondo parece que sigue en la lista-, el Tribunal de Cuentas tendrá mayoría progresista –no sin antes haber rechazado los avales de la Generalitat para los implicados en el 'procés', reavivando el frente catalán-, y en la renovación del TC el PP no oculta que le vienen bien los cambios no solo para poner a magistrados conservadores, sino que además sean de su cuerda y no heredados de Mariano Rajoy. De prestigio, pero de los suyos, no se sabe muy bien de qué Pablo Casado, si del de la moción de censura de Vox o del de la Convención de Valencia. Ya se verá a partir del martes.   

Cierto que el sistema de renovación sobre las instituciones acordadas no tiene vuelta de hoja y está tasado, por lo que solo desde el interés partidista se entiende que se mantuviera el bloqueo, pero lo que está en discusión es la elección del órgano de gobierno de los jueces, con derivada en la renovación del verano del próximo año cuando le toca al Gobierno y al CGPJ nombrar cuatro magistrados, dos a dos. Una vez abierta la espita de las renovaciones habrá que seguir con detenimiento 'el relato' de las partes, Gobierno de coalición y PP, para observar cómo ambos partidos tratan de salir airosos dado el enconamiento de la guerra que mantienen.    

Como telón de fondo hay una evidencia, el PP estaría dispuesto a asumir que tendría que convivir con un CGPJ con mayoría progresista durante una legislatura en el caso de que ganara las elecciones, pero se aseguraría su control por parte de mayorías conservadoras durante muchísimo tiempo más. El PP no tiene voluntad de despolitizar el CGPJ sino de controlarlo por la puerta de atrás. Al menos el PSOE no lo oculta.