La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid es un hecho que delata una gran torpeza política. La "pérdida de confianza" alegada por Fernando Grande-Marlaska para justificar el cese, añade un grado de perplejidad al asunto. No se puede olvidar que fue juez antes que ministro del Interior.

El coronel estaba en la pirámide operativa del Cuerpo y como tal tenía bajo su mando a los agentes que en funciones de policía judicial actúan a las órdenes de la jueza del Juzgado de Instrucción nº51 que instruye el procedimiento por presunta prevaricación que se sigue contra el doctor Fernando Simón, asesor del Gobierno en la crisis provocada por la pandemia y también contra José Manuel Franco, delegado del Ejecutivo en Madrid que autorizó la manifestación del 8M en fecha y circunstancias en las que otros eventos -el congreso de una organización religiosa o una manifestación de los trabajadores de Amazon- había sido suspendidos.

En su condición de agentes de policía judicial, los guardias civiles adscritos al caso están obligados a mantener la confidencialidad de sus investigaciones y a reportarlas únicamente ante la jueza. No ante el ministro u otro responsable político. De ahí la sorpresa que provoca la destitución del coronel Pérez de los Cobos, un guardia civil cuyo prestigio le llevó a cargos de alta responsabilidad en el Ministerio del Interior cuando era su titular Alfredo Pérez Rubalcaba y al que posteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy encomendó la coordinación del operativo policial que trató de frenar la celebración del referéndum independentista ilegal del 1 de Octubre de 2017 en Cataluña.

Ni es seguro que el coronel estuviera al día del resultado de las investigaciones de los agentes de la Guardia Civil en su condición de policía judicial, ni estaba obligado por ley a reportar al ministro sobre la marcha de las investigaciones del sumario abierto en relación con el 8M. Sólo como un acto de autoridad guiado por la ofuscación puede interpretarse la destitución de un coronel de reconocida trayectoria profesional. Al haberse convertido en un escándalo político por el que la oposición ya ha pedido explicaciones al ministro habrá que esperar a escuchar al juez en excedencia Grande Marlasca (Poder Judicial) justificando la intromisión del ministro Grande Marlaska (Poder Ejecutivo). La sesión parlamentaria, promete.