Estoy ilusionado con este gobierno, sobre todo, por esos comités de expertos que nombra y que nadie percibe su existencia pero que sabemos que desean redactar una reforma fiscal. Esta búsqueda del restablecimiento del equilibrio fiscal, tarea individual e interna, lo conseguirán cuando el pensamiento y el razonamiento refinado, que dicen tener, provoquen en ellos la emoción y el sentimiento apropiado de darse cuenta de lo injusto que son algunas cuestiones. Su pensamiento filosófico, que inunda su sabiduría, hará que su pensamiento se detenga en que la expansión fiscal les traerá más libertades políticas. Craso error, solo aceptable en el mundo bolivariano.

Empezarán los estudios y, cuando sean conscientes de las dificultades que da la vida en la observación de la fiscalidad actual, les hará no ser tan caritativos y saldrán corriendo al percibir que en España hay, nada más y nada menos, que 82 impuestos gestionados por las Comunidades Autónomas. Antes de actuar observarán con lucidez una realidad, no siempre grata, y es que incluso aquellos impuestos comunes a varias CCAA tienen diferente desarrollo legal (hecho imponible, deducciones, exenciones, tarifas, etc.). Esta intrincada fiscalidad bloquea el mercado único y da una inseguridad jurídica al ciudadano. Y cuando casi hemos alcanzado la comprensión legislativa, se producen cambios continuos, hasta el punto de que dichos impuestos autonómicos han tenido, durante el 2018, nada menos que 732 modificaciones legales. Esto hace inviable una planificación fiscal, personal y empresarial dando lugar a una inseguridad jurídica.

Al final somos conscientes de nuestra incapacidad para cumplir con una legislación que es sencillamente inabarcable y que trae una persecución fiscal incapaz de detener. Toda esta maraña fiscal y legislativa solo sirve para generar el 2,1% de los ingresos totales de cada comunidad. Si las CCAA realizasen un estudio de costes se darían cuenta que el coste de gestión de impuestos es superior al de recaudación. Si dos partes se perjudican, es que hay un tercero que se beneficia. Si el ciudadano pierde y la administración también, ¿quién gana?, la burocracia y los que viven de ella.

Resumiendo, para alimentar el gasto del poder del burócrata, el ciudadano se ha de pelear en la selva de la burocracia, sin saber quién es su amigo y quién su enemigo. El mundo irreal.