Dicen quienes conocen al ministro de Universidades que es un hombre sencillo y con un cierto aire intelectual. Una rareza en la política española, un outsider en el territorio resbaladizo de la vida pública, porque suele hablar, moverse, vestir y posicionarse como realmente es, sin atender a etiquetas de corrección o a apariencias. Es, además de todo esto, el ministro al que nadie entiende fuera de los muros del ministerio que ocupa, muy especialmente en las administraciones situadas por debajo en rango institucional pero por encima en competencias prácticas de gestión, como las comunidades autónomas. La polémica por los exámenes universitarios es la prueba más reciente de esa indefinición que caracteriza a Mauel Castells en las cosas de la enseñanza superior de la que nada más y nada menos que es el máximo responsable estatal. Primero propuso y apoyó que los exámenes de enero fueran presenciales, con una observación escrupulosa de las normas sanitarias provocadas por el Covid-19. Al comprobar, ya pasadas las vacaciones de Navidad, cómo arreciaban las protestas de los estudiantes en numerosos campus del país, se sumó al apoyo de las exigencias de los estudiantes cuestionando que la presencialidad garantice la salud y relacionando la realización de las pruebas que antes defendía con el aumento de casos por cien mil habitantes, eso que entre todos hemos decidido llamar “la incidencia” de la enfermedad.

Castells buscó la semana pasada una justificación para comparecer públicamente ante los medios y poner voz a su malestar por la realización de los exámenes. El desconcierto en las consejerías de educación fue total cuando, después de anunciar solemnemente una reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, pocos días después se anunciaba que la cita quedaba aplazada. Los que le conocen dicen que es Castells en estado puro. Mientras tanto, la indignación de los rectores va en aumento y se publican informaciones sobre las técnicas de los alumnos para copiar por vía telemática: se pasan pantallazos sin que el profesor o vigilante del examen se percate porque manipulan sus dispositivos fuera del alcance de la cámara del ordenador. De eso al aprobado general va un trecho muy pequeño.

Polémicas en los ministerios del gobierno ha habido y las habrá siempre. El problema del ministro no son sus ocurrencias, ni los plantones, ni su errática forma de dirigir un departamento sin competencias sobre el terreno. Su problema es ser un ministro de cuota, la que tiene que cumplirse para que uno de los dos partidos en el gobierno, Podemos, se sienta satisfecho con su parcela de poder. Por eso se desgajó Universidades de Ciencia o de Educación, y se creó un departamento especial: para preservar la cuota de poder de unas siglas políticas.