La cercanía de la cita electoral del 28 de mayo se nota, y mucho. La fricción entre las administraciones convivientes un mismo territorio, pero gobernadas por distinto color político, supeditan el interés general a los intereses partidistas. Nada nuevo, dirán. Cierto. Sin embargo, hay líneas rojas que en tiempos de comicios se saltan con excesiva ligereza y el servicio público que prestan pasa a un segundo plano.
Castilla y León, donde no se celebran los comicios autonómicos por efecto del adelanto electoral de hace poco más de un año, no es una Comunidad ajena a estas rencillas palaciegas. Y no lo es porque los partidos se juegan mucho con el poder local y provincial. Hay importantes ayuntamientos y diputaciones que, en función de los resultados y del lado político que finalmente caigan, pueden ejercer de trinchera y barrera de contención ante el Gobierno autonómico sustentado en una coalición (PP y Vox) o, por el contrario, pueden convertirse en los mejores espacios de oposición hacia Mañueco y García-Gallardo.
No son pocos los episodios protagonizados en esta tierra por la clase dirigente. Las atávicas disputas, los antagónicos intereses y los roces institucionales no conllevan a nada más que a deteriorar el beneficio común de los administrados. Es incuestionable que estas trifulcas inciden de manera negativa en la dinámica y el avance de la sociedad.
Sirva de ejemplo reciente la denuncia de la Diputación de Valladolid (gobierno PP) del supuesto uso irregular de la marca 'Alimentos de Valladolid' en el evento 'Plaza Mayor del Vino', iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de la capital (gobierno PSOE). O la acusación del alcalde de la ciudad al Ejecutivo autonómico y la propia institución provincial de paralizar la vida del recinto ferial y practicar un inasumible boicot. Son, como digo, dos ejemplos 'calientes', pero no duden de que en cada una de las provincias restantes de Castilla y León existen otras guerrillas similares, que no hacen sino ratificar la división institucional y las distintas varas de medir en función de los objetivos políticos. Y ahora hay uno muy claro: ganar el 28 de mayo.