Está la llamada Ley de Memoria Democrática en el tramo final de su aprobación parlamentaria, tras haber estado paralizada bastante tiempo parece que por algunos desacuerdos en su contenido, de manera que, al ser retomado el Proyecto, ha experimentado algunas modificaciones de considerable importancia.

Una de ellas ha causado cierto revuelo: se trata de una de esas Disposiciones Adicionales que se añaden al final de las leyes para dar rango normativo a algún compromiso, a alguna explicación, o, en fin, a algún aspecto que no tendría encaje adecuado en el articulado del texto legal. En este caso es la Disposición número dieciséis, según la cual el Gobierno creará, en el plazo de un año, una comisión técnica que estudie supuestos casos de vulneración de derechos a personas que lucharon por consolidar la democracia durante el periodo comprendido entre la aprobación de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983.

Eso es lo que dice, y, dicho así, entiendo que tal Disposición haya causado sorpresa a mucha gente que entiende que, precisamente con la aprobación de la Constitución, se inició el periodo democrático que llega hasta la actualidad y ojalá dure para siempre. Para el 31 de diciembre de 1983 había habido elecciones generales, si mal no recuerdo, en 1977, 1979 y 1982, elecciones municipales en 1979 y 1983, y elecciones autonómicas también en 1983, además de las celebradas por separado en algunas Comunidades. De manera que extender esa especie de "periodo de prolongación ", tras el régimen anterior, se puede entender como un intento de asimilarlos y no distinguirlos, lo que no parece de recibo. Para entonces, si hubo vulneración de derechos fundamentales (y las hubo, como bien se puede recordar), pudieron ser perseguidas y enjuiciadas, como también ocurrió.

Y, en fin, llama la atención que esa Disposición se haya incorporado en el contexto de un acuerdo con Bildu, y a sus instancias. Precisamente de Bildu, que sabe mejor que nadie que, precisamente en esa época, la violencia terrorista alcanzaba sus cotas más dramáticas, con evidente vulneración de los derechos fundamentales de las personas; del más fundamental, que es el derecho a la vida.