Una de las reivindicaciones históricas más importantes del conjunto del sector agrario ha sido la necesidad de disponer de unos precios justos para los productos en origen que aseguraran la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones. Para lograr ese objetivo, Agricultura, con administraciones de populares y socialistas, puso en marcha en los últimos años diferentes medidas para atajar esa situación, tanto con disposiciones legislativas, como vía acuerdos de voluntariedad con industriales y distribución para apoyar unos precios sostenibles en origen.
 Para lograr una mejora de los precios agrarios, con Agricultura en manos de los populares, Miguel Arias Cañete sacaba adelante en 2014 la Ley de la Cadena que supuso un paso adelante para lograr una clarificación de la misma, pero que no conformaba a casi nadie al no contemplar directamente la prohibición de la venta a pérdidas. 
A la vista de que su eficacia era insuficiente para lograr esos objetivos, los ministros Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina promovieron la firma de dos acuerdos para leche y aceite con industriales y los grupos de la distribución por los que todos se comprometían a pagar en el campo unos precios sostenibles para la actividad, así como otros acuerdos para no banalizar los productos agrarios con precios de oferta que supusieran bajar las cotizaciones en origen, además de perjudicar la imagen de calidad de los mismos. 
Aunque no se logró un triunfo total para eliminar este tipo de prácticas, sí se puede decir que los acuerdos supusieron avances en el caso de la leche eliminando briks por debajo de los 0,50 euros con carácter general o reduciendo a mínimos las ofertas escandalosas en los aceites. Pero, en ambos casos, la realidad es que no se notó ninguna subida en los precios pagados a los ganaderos, mientras en el aceite los precios siguieron su línea de caídas.
Finalmente, en los últimos meses, Agricultura sacó adelante un real decreto modificando la Ley de la Cadena para dar respuesta a las demandas de precios justos del sector con los tractores en las carreteras. La nueva disposición contempla la obligación de suscribir contratos en todas las operaciones de compraventa en el campo y que en las mismas figuren al menos los precios de coste, algo importante sobre el papel, pero de cumplimiento real más complejo al ser operaciones voluntarias entre dos partes, cada cual con sus intereses.
Hoy, a pesar de todas esas disposiciones, ese mismo sector agrario se enfrenta a nuevos riesgos para sostener unos precios rentables en origen a pesar de esas disposiciones del Gobierno. A los viejos problemas para defender unos precios rentables, se ha sumado la crisis económica provocada por la pandemia que ha afectado a los ingresos de cientos de miles de hogares. En esas circunstancias y los interrogantes sobre el futuro, su estrategia a la hora de llenar la cesta de la compra va a estar marcada fundamentalmente por los precios a la baja en los lineales de la distribución y cuyos efectos se dejarán sentir en las cotizaciones en origen. 
En Agricultura y en el sector se teme que, como en el pasado, se generalicen las ofertas, que se llegue a las ventas a pérdidas en productos más básicos, por lo que será más necesaria que nunca la actividad de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria para detectar y denunciar actuaciones abusivas.
mirando las ofertas. Informes de organizaciones empresariales o consultoras, coinciden en señalar que demanda a partir de la crisis no va a ser lo mismo por razones de renta y también por motivos saludables. En ese contexto, diferentes firmas apuntan ese mayor peso en la cesta de la compra de los hogares el gasto en alimentación que actualmente supone el 17% de la misma. A su vez, desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores se apunta que con la crisis y sus efectos económicos, se producirá un cambio en la forma de acercarse los consumidores a la compra de alimentos. Más de un 60% de los compradores señalan ya que su decisión a la hora de comprar estará guiada fundamentalmente por los precios. En esa línea habrá todavía una mayor apuesta por las marcas baratas de la distribución que actualmente suponen una media del 40%, pero que llegan a cuotas superiores al 60% en segmentos como aceite o leche.
Frente a la crisis anterior en 2008 cuando la marca blanca creció entre 8 y 10 puntos, en este momento se estima que su crecimiento será importante, pero inferior. Con la crisis actual, muchos consumidores han descubierto otras opciones de compra. Han crecido en más de un 20% los consumidores que antes no adquirían marcas de la distribución, casi un 30% han cambiado de marca por el precio, y su decisión de seguir con su nueva elección. Habrá un 10% de los consumidores que seguirán comprando los productos premium, pero una gran mayoría comprará mirando más que antes las ofertas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya se adelantó a esa más que probable situación que se puede producir en el marco de la gran distribución y lanzaba recientemente un mensaje a las organizaciones patronales del sector que parecía también una advertencia: no banalizar los productos agrarios, evitar las viejas ofertas escandalosas a la baja o ventas a pérdidas que, a la postre se traducen siempre en bajos precios en el campo y el deterioro de la imagen de productos de calidad; necesidad de comprar productos de proximidad que se podría entender como apoyo a la tienda tradicional, pero, sobre todo, a la compra de los productos de aquí frente a la pretensión de apostar por las compras baratas en el exterior, en muchos casos sin cumplir las condiciones de producción exigidas a los agricultores comunitarios; y finalmente, comprar productos de temporada para apoyar el sostenimiento de los mercados.
El sector agrario, como casi siempre, pagando el precio de otras guerras, contra las cuerdas y sin posibilidad de alternativas.