Las diputaciones siguen siendo ese oscuro objeto de deseo de los partidos que buscan sumar cuotas de poder territorial y de algunos políticos que quieren medrar y eso, al final, se nota mucho en la gestión. La de Burgos no es precisamente una excepción, tampoco en su funcionamiento, que es manifiestamente mejorable. Ponerse de perfil en asuntos que ocupan y preocupan al administrado no es la mejor manera de resolver problemas ni reivindicarse como institución necesaria y útil frente a sus detractores, algunos de ellos, por cierto, conversos de última hora y con mando en plaza.

Los ayuntamientos, efectivamente, necesitan tener un valedor reivindicativo frente a la Junta y al Gobierno central, que vele por sus intereses y, sobre todo, les dé respaldo y apoyo; en definitiva, tener un aliado en ese afán de mejorar servicios, equipamientos, inversiones, infraestructuras…, pero no es menos necesario que también la administración provincial esté muy cercana al ciudadano, al vecino; que no mire a otro lado a la hora de defenderle también frente a esos consistorios que hacen de su capa un sayo y de regidores guisanderos, que además aplican el antañón ordeno y mando o actúan como ilustrados déspotas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo…

La inacción, el olvido, la improvisación, el constante chapuceo, ese socorrido silencio administrativo o, mismamente, incitar a los vecinos a acudir a los tribunales… no es la mejor forma de mediar, limar discrepancias o resolver conflictos, desavenencias o disconformidades vecinales con actuaciones municipales, sobre todo en asuntos de estricta competencia provincial. Mucho tiene que cambiar la actitud de algunos políticos -también de ciertos funcionarios- que hoy anidan en el Palacio Provincial para que la Diputación no siga viéndose como una institución lenta, arcaica e incluso prescindible.

El tancredismo gubernativo -la excelentísima, por desgracia, no es la única administración abonada a este palco- no parece la mejor arma para responder a las amenazas que se ciernen hoy sobre el medio rural. Los pueblos no son solo los ayuntamientos, son también sus gentes y, cuando menos, merecen respuestas y, si procede en derecho y justicia, ese amparo que muchos ciudadanos echan en falta.